Una investigación RECIENTE sobre las sanciones impuestas durante el primer estado de alarma de COVID-19 ha revelado que casi el 80% aún no se ha procesado.

La investigación, realizada por medio de comunicación español 20 Minutos, mostró que de las más de un millón de multas impuestas por violar las restricciones del COVID-19, casi 900.000 permanecen en manos de administraciones autónomas sin procesar.

El proceso de administración de las sanciones se dividió entre el gobierno central, que estaba a cargo de procesar las denuncias de ‘desobediencia civil’, por ejemplo, incumplimiento del toque de queda o ejercicio público durante el confinamiento domiciliario.

El segundo tipo de sanciones fueron por incumplimiento de los códigos sanitarios, por ejemplo, no llevar máscaras, distanciamiento social y agrupaciones.

Estos fueron atendidos por las respectivas autoridades municipales.

Según cifras a las que accede la prensa española, el Ministerio de Política Territorial ha tramitado un total de 161.702 multas por ‘desobediencia civil’ entre el 14 de marzo y el 21 de junio, con 67.292 en trámite.

Esto se compara con la cifra oficial de 1,142,127 sanciones totales impuestas en todos los ámbitos durante ese período.

Esto significaría entonces que un total de 913,133 sanciones quedan en manos de las autoridades locales para procesar o no se tienen en cuenta.

Se contactó con varios gobiernos locales y las respuestas fueron escasas, y muchos afirmaron que el procesamiento está en marcha.

De las que sí respondieron, Andalucía es la comunidad que más ha procesado, con 60.000 finalizados, seguida de Canarias (34.828) y Castilla y León (24.732).

Madrid también afirmó haber tramitado un total de 5.614, en un sistema que la concejala del PSOE y el responsable del departamento de tramitación aseguraron que funcionaba de forma ‘puntual y eficiente’.

Estas respuestas limitadas plantean otro problema según Alberto Dorrego, presidente del departamento de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

“Muchas de estas multas podrían perder su validez debido a la naturaleza de las sanciones”. dijo Dorrego.

“El primer problema es que muchas de las multas impuestas no se definieron correctamente, por ejemplo, hubo un caso de un hombre que fue multado por llevar a su perro demasiado lejos durante la cuarentena”.

“Esto no es una desobediencia civil ni una infracción de la ley de salud de 2011, por lo que normalmente ninguno de los dos se presentaría en un tribunal fuera de la pandemia de COVID-19”.

Esto ha supuesto un dolor de cabeza para muchas autoridades municipales que no cuentan con las instalaciones para tramitar estas ambiguas multas, lo que ha provocado tiempos de tramitación prolongados.

Estos retrasos también podrían dar lugar a la expiración de muchas de las multas, ya que de acuerdo con la Ley de Salud Pública de 2011, este tipo de multas dejan de ser válidas después de 12 meses.

El portavoz del Sindicato Policial SUP, Carlos Morales, dijo 20 Minutos que “muchas de estas sanciones pueden expirar, aunque otras siguen su curso”.

“Durante la pandemia, las autoridades carecían de personal y estaban saturadas de archivos para procesar, no esperábamos el volumen que obtuvimos”. dijo Morales.

“Si bien no hay nada que pudiéramos haber hecho con respecto a la cantidad de archivos que tuvimos que procesar, desde entonces se podría haber hecho más para acelerar el procesamiento, como la contratación de personal temporal”.

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