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Dióxido de carbono: La escalada de los derechos de CO₂ calienta la factura eléctrica europea | Economía

El encarecimiento de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO₂), que esta semana han llegado a superar los 55 euros por tonelada —el máximo desde la creación de este mercado, hace 16 años—, está dejando tras de sí un reguero de abruptas subidas en el precio de la electricidad a lo largo y ancho de Europa. Uno de los ejemplos más evidentes es el de España, donde en un abril nada atípico —sin grandes picos de demanda ni baja oferta prolongada— el recibo de la luz sufrió la mayor escalada desde que hay registros: un 46% más que en el mismo mes del año pasado, en pleno estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus. Pero no es ni mucho menos el único.

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En el caso español, el precio lo determina el último megavatio (MWh) que entra en el mercado, y ese suele proceder —casi siempre— de las centrales de ciclo combinado. Al estar sujetas a este impuesto (están alimentadas por gas), eso eleva el precio total al que se suministra electricidad a particulares y empresas, indistintamente de su procedencia. Primero entran en el mercado las más baratas, que suelen ser las renovables (eólica, solar e hidroeléctrica), después lo hace la nuclear y, por último, el ciclo combinado y el carbón, que suelen ser las últimas en entrar y, por tanto, las que determinan ese precio marginal que acaba rigiendo sobre el resto de tecnologías.

El carbón prácticamente ha desaparecido del mezcla eléctrico continental, salvo en países como Alemania, la República Checa, Bulgaria y, sobre todo, Polonia, donde alrededor del 70% de la energía eléctrica consumida sigue procediendo de la quema de este mineral según las últimas cifras de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esos serán, según Ingvild Sørhus, analista de Refinitiv, los que más seguirán sufriendo el incremento de precios derivado del encarecimiento del dióxido de carbono. Pero hay más: el ciclo combinado ha sido —España es un muy buen ejemplo de ello— la tecnología elegida por muchos países para cubrir la demanda durante las horas del día en las que las renovables y la nuclear no son capaces de abarcar lo requerido por los consumidores. De ahí que el precio del CO₂ esté elevando tanto la factura de la luz en los últimos tiempos.

“El coste de los derechos de carbono que las empresas generadoras deben comprar pasa al consumidor vía los precios de la electricidad”, refrenda Tom Lord, jefe de comercio de la firma especializada Redshaw Advisors. “Así que, a medida que el precio del carbono sube, los precios también subirán”, sintetiza. Según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el principal factor detrás del aumento de la inflación en las economías avanzadas en los últimos meses ha sido el encarecimiento de la energía, con la electricidad a la cabeza.

Las empresas pasan el coste a los consumidores

“Las eléctricas están tratando de pasar [a los consumidores finales] tanto coste del dióxido de carbono como pueden, pero a medida que las renovables despuntan cada vez les será más difícil hacerlo”, remarca Nicolas Girod, de la firma especializada en los mercados de carbono ClearBlue Markets. El alto coste de las emisiones, dice, también está logrando uno de sus objetivos fundamentales: un mezcla eléctrico menos contaminante, en parte mediante la sustitución del carbón por el gas, que contamina menos de la mitad. “La regla es clara”, añade Girod, los países en los que los derechos de emisión más están afectando al precio final de la electricidad son también aquellos en los que el sector eléctrico más emite.

El endurecimiento de los objetivos climáticos de la UE, que ahora aspira a reducir en 2030 sus emisiones en un 55% respecto a los niveles de 1990 —frente al 40% que planteaba hasta ahora—, ha provocado un encarecimiento de los derechos de emisión en consonancia. Menos oferta e igual demanda es, en fin, siempre sinónimo de precios más altos. “Pero el hecho de que la UE haya elevado la ambición de sus objetivos climáticos, que es algo positivo, no tiene la culpa”, remarca Natalia Fabra, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. “El compromiso actual de Europa de alcanzar la neutralidad climática simplemente no existía hace solo dos años”, completa Adam Berman, de la International Emissions Trading Association (IETA).

Paradójicamente, desgrana Fabra por teléfono, lejos de zarandear sus cuentas de resultados, en España las compañías eléctricas se cuentan entre las grandes beneficiadas por esta dinámica. En los últimos días, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), alrededor del 85% de la electricidad generada y consumida en España estaba libre de CO₂, incluida la generación nuclear e hidroeléctrica altamente remunerada, pero al regir el coste marginal, eso hace que las tecnologías limpias se estén viendo retribuidas a un precio muy superior del de generación, dejando un margen millonario a los titulares de las plantas.

El factor especulación

“El reunión se ha visto impulsado por los inversores (especuladores), que han aumentado su interés en este mercado al calor de los cambios que va a tener que hacer la UE para pasar de una reducción de las emisiones”, apunta Trevor Sikorski, jefe de análisis de Gas, Carbón y Carbono de la consultora británica Energy Aspects. “Y eso aumenta los costes a corto plazo en la generación de electricidad que las empresas energéticas tienen que recuperar. Ahora, con el aumento de los precios [de las emisiones], cuando se está convirtiendo en un factor mucho más notable a la hora de fijar los precios de la electricidad”.

¿Cuánto durará este impacto? “Tanto como las centrales térmicas ―alimentadas por combustibles fósiles― sean las que fijen el precio de la luz. Y eso seguirá ocurriendo durante, al menos, 10 años”, remarca Sikorski. Algunos analistas, como Mark Lewis, del banco francés BNP Paribas, sitúan el precio por tonelada emitida en el entorno de los 90 euros en 2030, casi un 65% más que hoy. De ahí la avalancha de especuladores que están entrando en el mercado en busca de beneficios.

Reforma del sistema

Durante más de una década, los precios del dióxido de carbono en el mercado europeo de derechos de emisiones, donde están obligadas a acudir alrededor de 10.000 fábricas y centrales eléctricas del continente, estuvieron por los suelos. Se movían en unos 5 euros por tonelada, lo que impedía que cumpliera su fin último: sacar del mezcla energético a las tecnologías más emisoras. La UE acometió una reforma del sistema en 2019 para retirar el exceso de derechos que había en ese mercado. Y el precio de la tonelada empezó a crecer.

El efecto de esta reforma en países como España, donde hay un exceso de potencia instalada, fue rápido: las centrales de carbón prácticamente desaparecieron del mezcla, algo a lo que también contribuyeron la reglas más estrictas contra la contaminación del aire.

La idea de las instituciones europeas es que los precios altos del CO₂ no tengan marcha atrás. Y esto hará que también se ponga en jaque a las centrales de ciclo combinado. Bruselas prepara una reforma del sistema, que está previsto que se presente en junio y que, entre otras novedades, hará que el transporte marítimo también esté obligado a entrar en este mercado. Además, se prevén cambios para que las aerolíneas paguen más por el dióxido de carbono que emiten.

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