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El abogado de oficio que ganó a Goldman Sachs | Economía

Un grupo de vecinos se reunía el pasado domingo 11 en un aparcamiento subterráneo, en Navalcarnero.Olmo Calvo

A Rachid Bouikov, un padre de familia español de origen marroquí de 41 años, muy cabezota, que vive de lo que sale en la construcción, le subieron 140 euros el alquiler de su casa protegida en Navalcarnero. Para evitarlo, no se le ocurrió otra cosa que impugnar un convenio de venta urbanística de 2.935 viviendas protegidas por parte de Comunidad de Madrid al fondo de inversión Encasa Cibeles (propiedad en un 97% del banco de inversión Goldman Sachs) por valor de 201 millones de euros. Para Rachid, en esta venta se escondía la razón del injusto aumento de su mensualidad. El azar quiso que el expediente, condenado a desaparecer por estrambótico, le tocase a César Pinto, un abogado de oficio de 54 años igual de cabezota, que aceptó su caso. Todo esto ocurría entre 2013 y 2015. Desde entonces, han librado una extenuante batalla judicial llena de sentencias, apelaciones, recursos de ida y vuelta, autos, notificaciones, aclaraciones y más sentencias. De un lado, el equipo jurídico del fondo de inversión y los abogados especialistas de la Comunidad de Madrid; del otro, Pinto, padre de cuatro hijos, especializado en causas perdidas y en derecho contencioso-administrativo, solo en su despacho.

El domingo, en Navalcarnero, un vecino de Rachid que volvía de comprar el pan y una coca cola se cruzó con César Pinto y le dijo:

– Gracias. Por ti aún tenemos las casas. Gracias a Alá y a ti.

Porque Pinto y Rachid han ganado, y su victoria afecta a todos. La Comunidad de Madrid se opuso a que su caso beneficiara al resto de vecinos en su misma situación. Pero el empeño de abogado de oficio logró que, el pasado febrero, el tribunal fallara de nuevo a su favor: la sentencia de mayo de 2018 que anulaba la subida del alquiler de Rachid y devolvía su vivienda a manos públicas se hizo extensiva a los otros 2.934 vecinos. El potente fondo de inversión ya se ha rendido y ha pedido desembarazarse de las promociones y, de paso, ha reclamado esta semana a la Comunidad de Madrid casi 200 millones de euros por daños y perjuicios. El Gobierno regional ha recurrido, como última carta judicial, la ejecución de la sentencia, pero sabe que se encuentra en posición de mate inminente.

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Los inquilinos de Navalcarnero volverán, pues, a las condiciones del alquiler anterior a la compra por el fondo de inversión. Los vecinos de Rachid, todos con sueldos y trabajos precarios, cuando los hay, celebran la noticia. Aunque, hechos a que vengan mal dadas, no se fían del todo. Por el camino han quedado los que abandonaron su casa porque no podían hacer frente a las nuevas mensualidades y no tuvieron el coraje de negarse a pagar y afrontar la presión y la marea de notificaciones y volantes de apremio. O los que aceptaron dinero de Goldman Sachs por dejar la casa. También, los que se marcharon sin más, porque no se les renovó el contrato de alquiler. A algunos, sencillamente, los desahuciaron. El activista por la defensa de la vivienda pública José Castro, que trabaja desde hace años cerca de estas familias, calcula que entre unos y otros llegan al millar. Muchos de ellos llevan dando tumbos desde entonces.

César Pinto, el abogado de oficio que ha defendido a Rachid Bouikov.
César Pinto, el abogado de oficio que ha defendido a Rachid Bouikov. Olmo Calvo

El domingo pasado, como todos los domingos, se celebró una reunión en el garaje subterráneo del bloque de pisos de Rachid. Acudieron varias docenas de afectados que viven allí y, también, de modo excepcional, Pinto, que se prestó, con la mascarilla puesta, en medio de dos coches, a resolver las mil y una dudas de cada uno.

– Pero, ¿Tenemos que seguir pagando a Goldman Sachs?

– Y si no he pagado todo lo que me pedían, ¿me pueden aún desahuciar el fondo buitre?

– ¿A quién reclamo yo porque mi caldera no funciona? ¿O por las goteras?

Pinto respondía como podía (“yo solo llevo el caso de Rachid, pero os aconsejo que sigáis pagando hasta que se ejecute la sentencia”). Cada uno en esa reunión cargaba su historia. La de Brahim El Boudakhani, de 45 años, es algo distinta de la de su amigo Rachid. A él también le subieron de 40 a 260 euros. Y por la misma razón: aunque el fondo de inversión prometió no alterar las tarifas, al dejar de ser inquilinos de la Comunidad de Madrid, perdían derecho a una reducción en la renta por ser familias vulnerables. Rachid decidió no pagar nada y recurrir a lo grande. Brahim resolvió seguir pagando a Goldman Sachs lo mismo que pagaba a la Comunidad, los 45 euros. “Dijeron que no me iba a subir nada. Pues yo les dije a los del banco que transfirieran lo mismo que antes”, se justifica. Ahora tiene enfrente una demanda de impago por más de 9.300 euros y varias notificaciones de desahucio que, confía, gracias a la sentencia de Rachid, no se ejecuten nunca. Pero quién sabe. Una señora de 62 años, que prefiere no dar su nombre, limpiadora de casas y oficinas, pagaba a la Comunidad de Madrid 39 euros por su piso. Con la llegada de Goldman Sachs, el alquiler –al perder la reducción- le subió a 200 euros. Pagó unos meses. Pero después dejó de hacerlo porque se quedó sin trabajo. Asegura que ganaba menos de 200 euros. Lo mismo que gana ahora. En 2015, según cuenta, un representante del fondo de inversión le prometió que, si se iba de la casa, le perdonarían la deuda y le darían, además, algún dinero extra. “No acepté”, afirma, “porque no tengo dónde ir”. Ahora, junto a Brahim, no sabe qué pasará con la deuda que acumula con el fondo de inversión. Tal vez se la perdonen. O no. Quién sabe

En 2013 gobernaba la Comunidad de Madrid Ignacio González, del Partido Popular. La decisión de vender las 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones en localidades como Madrid (Vallecas), Parla, Navalcarnero, Arroyomolinos, Majadahonda o Móstoles, entre otros, se justificó con razones económicas: “En este momento y contexto inmobiliario, se considera estratégicamente necesario, a fin de equilibrar el presupuesto del Instituto de la Vivienda (IVIMA) llevar a cabo la enajenación”, reza el documento del Consejo de Gobierno de junio de 2013 por el que se acuerda la venta. Y prosigue: “El concurso no afecta a los derechos de los arrendatarios y, desde luego, se realizaría con las mayores garantías”. Esto último es solo verdad en teoría. Desde el momento en que las viviendas dejan de ser públicas, los inquilinos pierden el amparo de la Comunidad de Madrid, y con él la rebaja del alquiler que les protegía como familias vulnerables, a un paso de la pobreza. Esto no se mencionaba en ningún sitio. Los afectados se lo encontraron cuando comprobaron que el mordisco a la cuenta del banco era mayor del acostumbrado. “Ahí empezó todo. En ese desfase. Las personas que habitaban esas casas quedaron, sencillamente, desamparadas. Si la Comunidad de Madrid se hubiera preocupado de compensar esa subida de alquiler, tal vez no habría caso. Pero se lavaron las manos. Esos inquilinos no importaban a nadie. No es verdad que no tengan voz. Es que nadie se preocupó de escucharles”, cuenta el abogado Pinto.

En el lote de las 2.935 viviendas, ocupadas en un 80%, había de todo. Parejas jóvenes que cobraban 30.000 euros al año y que habían conseguido el piso con opción a compra dentro de los planes públicos de acceso a la vivienda para jóvenes. Pero también casos como el de Vanesa Fernández Sáez, de 42 años, sin empleo fijo, madre de un adolescente de 15 años y de una niña de seis. En 2013, vivía en un piso protegido en el ensanche de Vallecas. Pagaba 89 euros. Pero al perder la reducción tras la venta de las viviendas a Goldman Sachs el alquiler subió a 409. En 2015 nació su hija pequeña. Dejó de trabajar. Dejó de pagar. Asegura que los nuevos propietarios le ofrecieron 2.000 euros para la mudanza si abandonaba la casa. “Como no se pagaba la comunidad de vecinos no había luz ni ascensor, y yo vivía en el sexto piso, aislada y deprimida. Así que cogí el dinero y me fui”, cuenta. Vivió un tiempo con el padre de su hija, pero se separó de él después. Solo consigue trabajos esporádicos, a veces como clac en programas de televisión, a veces nada. Ahora vive en una casa de una asociación caritativa con su hija, porque no pudo seguir pagando los 500 euros que le pedían por una piso pequeño en Tetuán, donde residió un tiempo. Su hijo está en un internado. Ha pedido otra vivienda protegida, pero está en una lista de espera.

Encasa Cibeles asegura que desde 2013 se han ejecutado 102 desahucios, ninguno en los dos últimos años, y que nunca han afectado a familias vulnerables. Rachida Al Jaouzi, de 50 años, de nacionalidad española, al escuchar esto, responde, simplemente: “Eso es mentira”. Y añade: “Escuche esto: mi padre, Aldelkader, de 76 años y mi madre, Soodia, también de 76 años, vivían en una casa protegida del ensanche de Vallecas, en La Gavia. Fue una de las que vendieron al fondo buitre. Llevaban en España 40 años. Cobraban de pensión de jubilación 300 euros cada uno. Pagaban 50 euros de alquiler a la Comunidad de Madrid. Encasa Cibeles aseguró que las condiciones no cambiaban. Pero en 2017 les dijeron a mis padres que debían pagar 5.000 euros. Luego, otro señor, les propuso perdonarles la deuda y darles algo de dinero si se iban. No aceptaron. A mi madre le gustaba su casa. La había puesto a su gusto. En 2017 llegaron las cartas de desahucio. No se fueron a la primera. Pero a la segunda, sí. No se opusieron. Les daba vergüenza que los vecinos, muchos de Marruecos, les vieran pelearse con la policía, con los muebles en la calle. Esa noche los acogió el Samur social. Después fueron a un hotel pagado por la Comunidad de Madrid, que luego les ha dado una casa. Pero es vieja, y fría. Mi madre me pregunta si le van a devolver su antiguo piso ahora que todo va a cambiar”.

El párrafo central de la decisiva sentencia de 2018 que anula la venta inmobiliaria dice así: “Entre las justificaciones de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo la enajenación se apunta que las viviendas no son necesarias (…)” Y agrega: “Sin que se explique ni justifique dicha afirmación con ningún tipo de informe o análisis”.

Rachid Bouikov, en su casa de Navalcarnero.
Rachid Bouikov, en su casa de Navalcarnero.
Olmo Calvo

Goldman Sachs compró 2.935 viviendas. Pero ahora sólo quiere entregar a la Comunidad de Madrid 1.721, ya que las restantes 1.214 han sido vendidas “de buena fe”, según aclara en el escrito al juez, a las personas que las tenían alquiladas con opción a compra o a terceros. A los que no eran ni Rachid, ni Brahim, ni Vanessa Fernández o los padres de Rachida. Por su parte, la Comunidad de Madrid, en su último escrito al juez, remitido esta semana, le pide que aclare qué pasa con estas viviendas vendidas antes de ejecutar la sentencia. “Esos propietarios se encuentran en indefensión jurídica. Si las 2.935 casas vuelven en bloque a manos de la Comunidad de Madrid, ahí estarían incluidas en teoría las 1.214 vendidas. Lo que constituye un sinsentido. Para dar más pasos adelante necesitamos saber qué pasa con esas 1.214 viviendas. El juez debe dejarlo claro”, afirma un portavoz de la Comunidad de Madrid. Goldman Sachs, que reclama 200 millones al Gobierno regional por daños y perjuicios, prefiere no especificar cuánto ha ganado con la venta de esas viviendas. “Es información confidencial que atañe solamente a los compradores”, alegan.

El que no ha ganado nada excepto la tarifa oficial estipulada es el abogado de oficio. No importa: el domingo, después de la reunión del garaje, cuando los vecinos se fueron cada uno para su casa, Rachid le pidió por favor que esperara en el portal. Pinto aguardó al lado del cristal de la puerta, adornado con pegatinas de dibujos de buitres. Rachid bajó al rato y, con su sonrisa de cabezota, le regaló una bolsa con dos tuppers repletos de dulces de miel típicos del Ramadán.

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