El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, interviene en la sesión de control al Gobierno del 19 de mayo.ALBERTO ORTEGA / Europa Press

La falta de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales ha impedido que la prórroga de los ERTE se haya llevado a cabo durante del Consejo de Ministros de este martes, el último previsto hasta ahora antes de que finalice el plazo de vigencia, establecido para el 31 de mayo. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado tras la reunión del gabinete ministerial que las negociaciones entre las partes se mantendrán en los próximos días con el objeto de alcanzar un acuerdo. Debido a este retraso, la aprobación de los ERTE se ejecutará en un Consejo de Ministros extraordinario que tendrán lugar antes del próximo lunes.

“Estábamos esperando la respuesta de una parte ante la última propuesta ―trasladada durante la noche del lunes― pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo. El Gobierno no tiene ninguna duda de que a lo largo de las próximas horas será posible alumbrar un nuevo acuerdo, ya que tenemos el entrenamiento, el conocimiento y la confianza mutua entre los que participamos en el marco del diálogo social”, ha señalado Montero. Del mismo modo, la vicepresidenta ha aclarado que la convocatoria de ese consejo extraordinario “será antes de la fecha de expiración”, y que no contempla “la posibilidad de que no haya acuerdo en el marco del diálogo social”, porque “lo hemos tenido en momentos más duros”.

La negativa de la CEOE ante la última propuesta conocida durante la mañana de este martes ha dinamitado la posibilidad de su aprobación en los plazos iniciales que había establecido el Ejecutivo. Después de que la última reunión entre Gobierno, sindicatos y patronal concluyera sin acuerdo, la Comisión Ejecutiva de la CEOE ha acordado este martes “por unanimidad” no secundar la oferta comunicada por el departamento que dirige José Luis Escrivá.

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Esta propuesta reformulaba las cantidades de las exoneraciones de las que se beneficiarían aquellas empresas que sacaran trabajadores del ERTE ―por encima de las estipuladas para quienes decidan mantenerlos―, pero mantenía su voluntad de dirigir los incentivos en esta línea, la de premiar la vuelta al trabajo de los empleados, y alterar el esquema actual, algo por lo que los empresarios no están dispuestos a pasar.

Esta postura de la CEOE es compartida por los sindicatos, que mantienen que la reformulación del esquema de las ayudas deberá abordarse una vez concluya el verano y no antes. Tanto UGT como CC OO han mostrado en los últimos días su disconformidad con la idea de Escrivá de dirigir las ayudas a la reincorporación de los trabajadores, señalando que no comprenderían que el Gobierno acordase la prórroga sin acuerdo durante el Consejo de Ministros que tenía lugar este martes.

“Sería una pena que en el último redondo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no hubiera un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogarlos”, ha señalado esta mañana el secretario general de CC OO, Unai Sordo, en una entrevista en Antena 3. Sordo, sin embargo, ha aclarado que la continuidad de los ERTE no está en juego ―a pesar de que su vigencia termina en seis días, el 31 de mayo―, ya que todas las partes tienen clara la necesidad de su continuidad durante los próximos cuatro meses, hasta el 30 de septiembre.

Corrientes discordantes

El escollo principal sigue estando en el volumen de las exoneraciones. Las corrientes son discordantes alrededor de esta redefinición. Desde el departamento que dirige Escrivá defienden que son los incentivos los que fomentan que las empresas saquen del ERTE a sus trabajadores. Desde el lado opuesto señalan que es el regreso de la actividad la que, de manera automática, genera esta recuperación. Y que, por ello, no cabe reducir las ayudas para aquellas empresas que siguen sin recuperar los niveles de actividad por las restricciones que persisten en algunos sectores como medida de protección contra la covid.

“No comparto esa teoría [la de Escrivá], porque las empresas reincorporan trabajadores del ERTE al empleo cuando hay trabajo. Todas las exoneraciones son muy altas, de entre el 90% y el 70%. Pero lo que el ministro tiene en la cabeza es que perdonando más cotizaciones a la Seguridad Social se incentiva a las empresas para que saquen a trabajadores del ERTE”, ha apuntado Sordo. En el Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz se alinean en este frente, contraponiendo la postura de Escrivá.

Según los últimos datos de Seguridad Social, cerca de 600.000 personas se encuentran acogidas al ERTE en estos momentos a pesar de la relajación de las restricciones. Esta herramienta ha resultado fundamental para contener los despidos durante la pandemia, y en los momentos álgidos de la crisis llegó a socorrer a más de tres millones y medio de trabajadores.

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