El Gobierno mantiene su firme decisión de que el estado de alarma decaiga el 9 de mayo. Pese a las presiones de algunas autonomías, no lo prorrogará. Pero tampoco dejará a las autonomías sin ninguna protección legal. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley en el que, además de prorrogar algunas medidas del escudo social que estaban sujetas a la vigencia del estado de alarma, establece un mecanismo para que las comunidades puedan evitar problemas con los tribunales superiores de justicia, como reclamaba especialmente el País Vasco.

El texto, que modifica la ley que regula el contencioso administrativo, incluye la posibilidad de que se mantengan medidas que afecten a derechos fundamentales siempre que cuenten con autorización judicial. Y permite la posibilidad de que, en caso de ser rechazadas esas medidas por los tribunales superiores, se pueda acudir en casación al Tribunal Supremo, algo que ahora no podían hacer. Además le da cinco días al Supremo para responder, con lo cual este proceso se acelerará. De esta manera, el Supremo unificará la doctrina y en breve habrá jurisprudencia para todas las autonomías que señalará si pueden o no tomar esas medidas.

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El texto aprobado por el Gobierno pretende garantizar que todas las Comunidades pueden aplicar las mismas medidas para luchar contra el virus si lo consideran necesario. Así se evitarán diferencias como las vividas el pasado verano, cuando los tribunales dieron respuestas dispares ante peticiones similares de los gobiernos autonómicos. Cuando el decreto entre en vigor, si un presidente regional solicita a su tribunal superior la aplicación de una medida que implique restricción de derechos fundamentales (como el toque de queda o el confinamiento perimetral) y los jueces se lo niegan, podrá recurrir ante el Supremo esa decisión. El objetivo es que, en los próximos meses, el alto tribunal haya fijado criterio sobre en qué casos las Comunidades o incluso el Gobierno central puede limitar derechos para combatir el virus sin que esté el vigor el estado de alarma.

La decisión del Ejecutivo deja en manos del Supremo las restricciones tras el estado de alarma. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, responsable del decreto, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida supone “un reconocimiento” al “espacio nuclear” que ocupa el Supremo en la cúspide del Poder Judicial.

El Gobierno sigue pensando que el toque de queda solo se puede mantener bajo el estado de alarma, y por tanto decaerá el 9 de mayo. Algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana, quieren prorrogarlo y se preparan para solicitar la autorización a la justicia. Con el decreto del Gobierno, podrán acudir al Supremo si su tribunal superior se lo rechaza. Calvo ha asegurado tras el Consejo de Ministros que esta norma servirá para “dar tranquilidad a las autonomías” y para que rápidamente el Supremo establezca la misma doctrina para todas, sin que tengan que estar a expensas de distintas resoluciones de cada tribunal superior.

En el Ejecutivo creen que este decreto sí permitirá que las comunidades mantengan medidas como el cierre perimetral, siempre que cuenten con el aval de su tribunal o la casación posterior del Supremo, pero no el toque de queda. Pero Calvo ha dejado abierta incluso esta última posibilidad. Serán los tribunales los que vayan marcando el camino a partir de ahora.

La mayoría de los tribunales están aceptando todas las restricciones de las comunidades, pero algunos, en especial el del País Vasco, las han rechazado. Con esta medida se sortearía ese problema. La clave es que será el Supremo el que unifique las decisiones de todo el país, para evitar que una misma medida se autorice en una comunidad y no en otra en función del criterio de su tribunal.

El Gobierno desarrolla así la legislación para consolidar su decisión de no prorrogar el estado de alarma. Ahora toda la responsabilidad pasa a las autonomías, que ya tenían el peso principal de las decisiones.

El Ejecutivo también cubre en el decreto las medidas del escudo social que estaban sujetas al estado de alarma y que podían decaer si no se hacía una norma como esta. El decreto las dilata de momento hasta el 9 de agosto, tres meses más. Entre ellas hay algunas muy importantes como la prórroga de la suspensión de desahucios o la prohibición de cortar los suministros de gas, luz y agua a las familias en situación más precaria. Además extiende la suspensión de las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre, según ha avanzado la Cadena SER.

Reacciones

La Junta de Andalucía considera que con el decreto para que las comunidades puedan acudir al Tribunal Supremo para unificar doctrina en torno a las restricciones tras el fin del estado de alarma, “el Gobierno de España demuestra su nula intención de asumir sus competencias y deja que la última palabra la tenga el Tribunal Supremo”. Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, que ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya diseñado un plan b para después del 9 de mayo, informa Eva Sáiz.

Cataluña no plantea por ahora mantener el toque de queda, aunque no descarta volver a él si aumentan los contagios. Sin embargo, se mantendrá el límite de seis personas para las reuniones, una restricción que necesita el aval judicial para seguir vigente. La consejera de la Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha acusado este martes al Gobierno de “trasladar la responsabilidad de la gestión de la pandemia a los estamentos judiciales”. El presidente en funciones, Pere Aragonés, también ha cargado contra el Ejecutivo por no comunicarles antes el plan con el que piensan blindar la posibilidad de que las Comunidades Autónomas tomen medidas restrictivas de derechos fundamentales. “Nos hemos enterado por los medios de comunicación. La cogobernanza no funciona así”, ha dicho.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat confía en el TSJ valenciano que ya antes del estado de alarma aprobó las restricciones horarias adoptadas por el Gobierno autonómico. El presidente valenciano, Ximo Puig, considera que el actual marco legislativo es suficiente para que las autonomías mantengan, por ejemplo, el toque de queda, una medida que considera clave para que la ciudadanía no baje la guardia frente al coronavirus. Puig ha incidido en la idea de que la pandemia no ha pasado y en que “no es posible pensar que a partir del día 9 ya estamos en la plena normalidad” sino que, por el contrario, hay que seguir con una “desescalada prudente y progresiva” para “llegar al verano con la máxima normalidad que se pueda”, informa Ferran Bono.

El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este martes contrario al decreto aprobado por el Gobierno central porque supone una “judicialización de la pandemia”. Feijóo, que pidió hace unos días una prórroga del estado de alarma secundando al lehendakari, Iñigo Urkullu, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “seguir lavándose las manos” en la gestión de la crisis sanitaria. A su juicio, obligar a las comunidades autónomas a acudir a la justicia para mantener las restricciones provocará una “incertidumbre” de “semanas o meses” en las medidas que cada territorio tome, ya que se tendrán que aplicar las sentencias de los tribunales superiores mientras el Supremo no resuelva el recurso de casación, informa Sonia Vizoso.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Gobierno una aclaración acerca del decreto de alarma presentado este martes. “Queremos mantener los controles de puerto y aeropuerto, queremos que haya posibilidades de que podamos restringir los grupos, queremos también que la movilidad, incluso en franjas horarias, pueda ser controlada ante cualquier momento”, ha añadido.

Por su lado, el Gobierno de Cantabria ha señalado que consultará al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma antes de aplicar cualquier restricción que a partir del levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo suponga una restricción de los derechos fundamentales. La Rioja ve con optimismo el decreto anunciado por el Consejo de Ministros. Fuentes de la comunidad consideran que el estado de alarma se justifica “en una situación epidemiológica y de presión asistencial muy concretas que ahora no se dan”. Por ello, con el avance de la vacunación consideran necesario “volver a un marco legal en el que las autonomías” gestionen la pandemia con sus “competencias ordinarias”. “Si es necesario ir más allá en la afectación de derechos y libertades, recabemos la convalidación de los tribunales”, han concluido.

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