El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el lunes.Kiko Huesca / EFE

El Gobierno quiere hacer fijos a 300.000 interinos que ocupan plazas estructurales en la Administración Pública. Así lo avanzó el lunes el ministro de la Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta. Además, según se recoge en el plan de modernización del sector público remitido a Bruselas, el Ejecutivo sancionará a aquellas administraciones que abusen de la temporalidad. Iceta incluso llegó a sugerir la posibilidad de que pudiesen perder plazas si mantienen a trabajadores eventuales en puestos estructurales durante más de tres años.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a situar el porcentaje de interinos en las administraciones por debajo del 8%. Ahora se encuentra en esa tasa el Estado central; está en el 13% en los ayuntamientos, y por encima del 30% en las comunidades debido a su uso extensivo en la sanidad y la educación. Para ello, el Ministerio de Función Pública ha solicitado información a las entidades locales y regionales sobre cuántos puestos tienen en la actualidad cubiertos con empleados eventuales. Y la cifra que le han proporcionado ha sido de unos 300.000, según adelantó el lunes el propio ministro Iceta.

Tal y como se incluye en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea, los procesos de estabilización del empleo público iniciados en 2017 y 2018 “se están desarrollando de manera más lenta que la inicialmente prevista”. Por este motivo, el Ejecutivo quiere regular una “nueva y última ampliación” de estos procesos para que se incluyan todas las plazas estructurales ocupadas por temporales de forma ininterrumpida durante los tres años anteriores al 31 de enero de 2020.

Hasta ahora, de acuerdo con las cifras remitidas a Bruselas y dentro de este plan de estabilización, las administraciones tienen autorizadas unas 218.000 ofertas de empleo, de las que han sido convocadas 154.000 y se han cubierto 56.000.

A fin de evitar nuevos retrasos, el Gobierno ha estipulado que “los procesos de estabilización ya existentes y los que se añadan a estos deban producirse en todo caso antes del 31 de diciembre de 2021 y que la ejecución deba finalizar antes del 31 de diciembre de 2024”, señala el plan de recuperación. El ministerio no concreta cuántas plazas se añadirán al acuerdo de 2018 para sumar ese total de 300.000 trabajadores interinos que ocupan plazas estructurales. Tampoco especifica cómo se articularán estos procesos de estabilización a la hora de valorar la experiencia de las personas interinas que llevan mucho tiempo en esos puestos, es decir, cómo se seleccionará a estas personas sin que haya riesgo de que una sentencia más adelante lo tumbe. Por ejemplo, la semana pasada en la mesa de la Sanidad se contemplaba hacer fijas las plazas que lleven más de dos años con contratos temporales.

En cualquier caso, este plan de estabilización no implicará un aumento de las plantillas, recordó el lunes Iceta. Y añadió que de todas formas en 10 años se jubilará la mitad del personal de la Administración del Estado. En la actualidad solo el 12% de la plantilla tiene menos de 40 años. Y la media de edad alcanza los 52 años, frente a los 42 años del sector privado.

En cuanto a las medidas para asegurarse de que se consigue bajar la temporalidad, el plan enviado a Bruselas no precisa mucho. Pero sí dice que se va a modificar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el propósito de reforzar el carácter temporal del interino; aclarar los procedimientos de acceso a un puesto interino; objetivar las causas de terminación de un contrato interino y delimitar su régimen jurídico.

Sanciones por el abuso

Además, como parte de esta reforma, el documento destaca que se sancionará el abuso y fraude en la temporalidad: se recogerá “un régimen de responsabilidades en caso de incumplimiento que constituya un mecanismo proporcionado, eficaz y disuasorio”. Y no detalla más. Sin embargo, el lunes en la rueda de prensa para presentar el plan de modernización de las administraciones, el ministro Iceta avanzó la posibilidad de que se reformase el artículo 10 del estatuto de la Función Pública para que las administraciones puedan perder plazas si no las rellenan con personal fijo. Esta afirmación podría referirse a limitar las tasas de reposición. No obstante, fuentes consultadas apuntan a que es muy complicado encontrar un encaje legal a estas sanciones. “¿Acaso van a reducir plazas de educación y sanidad?”, señalan.

“El ministerio tiene que concretar y garantizar que se alcanza una solución factible y que se ponen los medios necesarios para que esta situación no se reproduzca con el paso de los años”, declara una fuente del sindicato CSIF.

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