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El Gobierno vasco da por finalizadas las labores de búsqueda en el vertedero de Zaldibar sin hallar a Joaquín Beltrán | España

El Gobierno vasco ha dado finalizadas las labores de búsqueda de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia) sin que se haya podido encontrar el cuerpo de trabajador sepultado en el derrumbe ocurrido en febrero del año pasado, en el que falleció otro compañero, Alberto Sololuze, cuyos restos sí fueron recuperados.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Ekoreka, y la consejera de Desarrollo Económico Medio Ambiente y Sostenibilidad, Arantxa Tapia, han comparececido este viernes en una rueda de prensa para dar a conocer esta decisión, en la que han expresado sus condolencias y su solidaridad a la familia de Joaquín Beltrán.

Un informe técnico aportado hoy por el Gobierno vasco apunta a la “energía mecánica” del desprendimiento y a los “procesos químicos” registrados en el vertedero como posibles motivos de que el cuerpo de este operario no haya podido ser localizado. Erkoreka ha explicado que las altas temperaturas, superiores a los 70 grados, en zonas del vertedero podrían haber contribuido a la “descomposición de los restos” e impedido su localización. El informe también alude a la “incertidumbre” sobre el lugar exacto en el que se encontraba Beltrán en el momento del desprendimiento. El consejero de Seguridad ha precisado que estos factores pudieron no resultar determinantes en el caso de Sololuce porque este, al parecer, se encontraba protegido en una caseta del vertedero en el momento del derrumbe.

La búsqueda de los dos operarios que quedaron sepultados el 6 de febrero de 2020 tras el desprendimiento del vertedero permitió localizar restos óseos el día 16 de agosto del año pasado. Las pruebas de ADN confirmaron pocos días después que pertenecían a uno de ellos, Alberto Sololuze. Los trabajos han continuado durante los meses siguientes, aunque sin éxito. El cuerpo de su compañero, Joaquín Beltrán, continúa bajo los escombros tras haber rastrillado 450.000 metros cúbicos de tierra. Cuando se cumplió el primer aniversario del derrumbe las familias de los fallecidos reclamaron que no se detuviera la búsqueda de Joaquín Beltrán (de 51 años y residente en Zalla, Bizkaia). “No queremos llevar flores a un vertedero. Necesitamos traerlo de vuelta a casa con nosotros”, aseguraron entonces.

A finales de abril se comenzó a inspeccionar la última de las zonas donde el Gobierno vasco pensaba que podían hallar el cuerpo, pero en esta zona tampoco se ha hallado ninguna evidencia del trabajador desaparecido. La familia de Beltrán ya ha recibido la comunicación oficial de la decisión de cesar las labores de búsqueda tras 15 meses del desastre. El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue quien este jueves por la tarde mantuvo un encuentro con los más cercanos de Beltrán para comunicarles personalmente que los trabajos habían acabado.

En el operativo han trabajado a diario entre 80 y 100 profesionales, según ha informado la consejera Tapia, quien ha citado a técnicos de Emergencias y diferentes unidades especializadas de la Ertzaintza y la policía científica, el grupo de búsqueda de caninos, de la brigada móvil e incluso controladores de drones.

Además de dirigir la búsqueda de los trabajadores sepultados, el Gobierno vasco ha asumido de forma subsidiaria las tareas de estabilización del vertedero porque la empresa Verter Recycling no era “capaz de asumir” estos trabajos. Se calcula que todo este operativo ha podido suponer un gasto superior a los 15 millones de euros, según el Ejecutivo.

Un juzgado de Durango mantiene abierta una causa judicial con dos vertientes por este siniestro. Se investiga, por un lado, un posible delito medioambiental y, por otro, si los responsables de la empresa que gestionaba el vertedero, Verter Recycling, son responsables de un homicidio imprudente por el derrumbe del 6 de febrero de 2020.

La Comisión Europea, por su parte, no ha observado infracciones de la legislación medioambiental comunitaria por parte de las autoridades vascas en el vertedero, según comunicó el pasado febrero en respuesta a la petición de una plataforma y una organización ecologista.

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