Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha movido ficha en el caso Villarejo y ha solicitado declarar en la línea de investigación abierta en la Audiencia Nacional por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de la compañía energética. Según ha informado el consejo de administración a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha enviado ya un escrito al magistrado instructor Manuel García-Castellón para ponerse a su disposición y, “en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible”, comparecer para “proporcionar su testimonio” y “facilitar la finalización de la investigación en curso”. Galán se adelanta así a cualquier iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, incluido una posible petición de llamarlo como imputado.

Este anuncio de Iberdrola se produce después de que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional enviase el 12 de mayo un nuevo informe al juez donde detallaba el hallazgo de nueve audios con conversaciones entre Villarejo y el antiguo responsable de Seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, imputado en la causa. En esas grabaciones, el comisario reclama más dinero por sus trabajos y, en varios momentos, se refiere aparentemente a Galán como conocedor de los encargos. Hasta ahora, Galán no ha sido imputado y Asenjo negó en 2020 ante el magistrado, poco antes de romper un acuerdo con la Fiscalía, que el presidente estuviese al tanto de la contratación de las empresas de la trama. Según dijo, la cúpula desconocía quién realizaba los informes.

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Ibedrola argumenta que la decisión de este martes tiene por objetivo “acabar con las especulaciones que dañan su reputación”. Después de 20 meses de instrucción, “el buen nombre y la reputación de la compañía” se han visto “erosionados por constantes filtraciones, insinuaciones y rumores”, afirma la compañía en su nota a la CNMV. “Iberdrola es el primer grupo energético nacional y una de las principales empresas españolas del Ibex 35. Y todas esas especulaciones están afectando sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y resto de grupos de interés”, apostilla el escrito.

El juez Manuel García-Castellón abrió en 2019 una línea de investigación —la pieza separada número 17 del macrosumario del caso Villarejo— centrada en Iberdrola tras encontrar al comisario documentación sobre sus trabajos para la empresa. La eléctrica firmó contratos con la trama durante 13 años (entre 2004 y 2017). Constan, al menos, un total de 17 facturas entre ambas partes. Y la instrucción trata de dilucidar si, entre otros proyectos, se pagó a Villarejo para espiar a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS, cuando intentó entrar en el consejo de administración de la compañía.

Según se defiende Iberdrola ante la CNMV, la auditoría interna que se ha llevado a cabo no detectó más facturas con Cenyt, el grupo de empresas de Villarejo. “Ni tampoco que en la contratación, contabilización y pago de las mismas se hayan infringido los procedimientos de control establecidos”, ha subrayado en la nota enviada a la CNMV, donde denuncia que la investigación de la pieza 17 “ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado” a la compañía.

Iberdrola afirma que, además de Galán, se ponen a disposición del magistrado todos “sus administradores y empleados”. Según los investigadores, la compañía abonó presuntamente más de un millón de euros a Villarejo por poner en marcha el proyecto Flecha (para eliminar la oposición municipal y de los ecologistas en la construcción de una central en Arcos de la Frontera, en Cádiz), Tablero negro (para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico) y Viento (el espionaje al presidente de ACS y del Real Madrid Florentino Pérez para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009).

El caso Villarejo ha impactado de lleno en la cúpula empresarial del país. Varios nombres se encuentran imputados por los encargos al comisario jubilado: entre otros, Francisco González, expresidente del BBVA; Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidre Fainé, expresidente de CaixaBank y presidente de La Caixa. Otras empresas salpicadas son la constructora San José, Mutua Madrileña o Grupo Planeta.

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