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El Tribunal Supremo repudia la suspensión preventiva de la deportación de menores a Marruecos

Madrid, hace 18 años. (Novedades europeas) –

La salón de arbitraje administrativo de la Audiencia Nacional dijo este miércoles que tenía la facultad de resolver una denuncia de la Asociación De españa de Asiste para Inmigrantes y Refugiados sobre la deportación de inferiores no acompañados de Ceuta a Marruecos y desestimó la solicitud del demandante en el mismo orden de medidas de suspensión.

En la decisión, mencionó que si existían razones urgentes para solucionar el problema precautorio debido a la reciente devolución, se negó a accionar, puesto que la solicitud debía realizarse según con un procedimiento detallado sosprechado en la ley de españa. Acuerdo España-Marruecos.

Valorará la presencia de violaciones de derechos escenciales condenadas en las circunstancias oportunas y cuestionará y propondrá a los órganos de esta comisión los requisitos preventivos que se estimen convenientes, ya sea por la solución o por la ausencia de la misma. Tal procedimiento. Rendición de cuentas de los recursos ”, ha dicho en la resolución.

Por consiguiente, sin perjuicio del fondo del recurso, la junta se negó a entregar la suspensión precautoria y la conducta en cuestión no estaría vinculada en el primer procedimiento preventivo a la conducta objeto de la demanda por omisión.

El tribunal asimismo respondió a la supuesta incompetencia del Ministerio del Interior de los tribunales nacionales, señalando que el objeto de esta apelación era una carta fechada el 10 de agosto de 2021. La carta adoptó el título de Ministro de Estado de Seguridad y acordó seguir con la Aplicación de las disposiciones del Reino de España en el producto 5 del Acuerdo de cooperación en temas de prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, protección y coordinación del retorno entre el Reino de Marruecos y el Reino de Marruecos. La salón consideró que, pese a las deficiencias formales del escrito, como la sepa de firma, esto no impidió que el tribunal reconociese su derecho a ser escuchado y decidiese las medidas precautorias necesarias.

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