Pere Aragonès distará de tener las manos completamente libres para trazar la estrategia independentista una vez asuma la presidencia de la Generalitat de Cataluña. El acuerdo de gobernabilidad entre su partido, Esquerra Republicana, y Junts per Catalunya otorga un papel muy destacado en la estrategia de coordinación al llamado Consell de la República, la entidad privada que el expresidente Carles Puigdemont y su entorno capitanean desde Waterloo (Bélgica). Eso sí, el actual Consell tendrá que reformularse antes de acoger “en su marco” al espacio de coordinación formado por partidos y las asociaciones independentistas, ANC y Òmnium.

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El papel del expresidente huido de la justicia española y del Consell de la República ha sido uno de los principales escollos para la larga negociación de tres meses para la formación del Gobierno. Los republicanos rechazaban que la presidencia de Pere Aragonès quedase sometida de alguna manera a las voluntades de una entidad privada que no controlan y que es reacia a cualquier diálogo con el Gobierno central. Finalmente, el Consell sí tendrá un papel importante en el Govern, aunque ERC ha rebajado las aspiraciones iniciales de los de Puigdemont y se acoge a que el texto del acuerdo establece que todo se decidirá por consenso.

El acuerdo hecho público este lunes por la noche, de 46 páginas, establece que se creará “un espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica del independentismo”. El objetivo es fijar una “dirección estratégica colegiada para generar consenso entre los principales actores independentistas y definir los pasos compartidos en todos los ámbitos de actuación relevantes”, incluido el ámbito institucional. En un primer momento este espacio tendrá cinco actores: los tres grandes partidos independentistas (ERC, Junts y la CUP) y las dos principales entidades civiles: la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Este espacio se “coordinará” en un primer momento con el actual Consell de la República. Pero el objetivo es que, posteriormente, el consejo se “reformule” y acabe acogiendo “en su marco” al espacio de coordinación de los cinco partidos.

La estrategia, pues, quedaría condicionada desde Waterloo, aunque con una gobernanza del Consell diferente a la actual. El acuerdo no explica cómo debería ser la “reformulación” del Consell. En cualquier caso sí fija que el espacio de dirección estratégica fijará los “objetivos” a lograr, “concretará propuestas de planificación y acción política” y promoverá “una unidad de acción en las diferentes instituciones políticas”. Además, los firmantes del acuerdo buscan mantener a este Consell lejos del escrutinio público al situar sus trabajos “fuera del foco mediático”.

El encaje del Consell de la República resultó clave para la consecución del acuerdo de este lunes, que insiste en poner en marcha la mesa de negociación de diálogo del independentismo con el Gobierno central al tiempo que defiende “la necesidad de la confrontación democrática con el Estado”. La negociación en la mesa de diálogo debería seguir, según el documento, pero fuertemente vigilada desde la parte catalana. En este sentido, los independentistas se proponen constituir una comisión en el Parlament de Cataluña “que haga el seguimiento” de la misma y controle los avances.

Ahora queda por ver si el acuerdo suscrito entre Esquerra y Junts encaja con el firmado anteriormente entre los de Pere Aragonès con los anticapitalistas de la CUP. El documento hecho público este lunes recoge parte del pacto con la CUP como la suspensión del uso de las balas de foam por parte de los Mossos d’Esquadra o, por ejemplo, destinar el 25% del presupuesto de Salud a atención primaria. Sin embargo, hay dos puntos relevantes para los anticapitalistas que no figuran en el documento. En el acuerdo entre ERC y la CUP, en el apartado de salud figura a avanzar hacia un sistema de titularidad 100% pública y citaba en concreto “revisar aquellas externalizaciones que acaban contrato próximamente para internalizar servicios de alto valor añadido como es el ejemplo del teléfono 061 y el transporte sanitario”. Tampoco figura en el nuevo documento un plan de estabilización de los 90.000 trabajadores interinos del sector público catalán para rebajar la temporalidad. El documento contemplaba que se presentara una proposición de ley como así ha hecho ya la CUP.

Jordi Sànchez, secretario general de Junts, afirmó este lunes que es evidente que hay planteamientos que no son coincidentes entre la CUP y Junts. “El más importante es que este país se merece un reconocimiento de la iniciativa social. No hay que confundir fortaleza del sector público con que todo sea de titularidad pública”, dijo. Eso sí, reconoció que han abordado con la CUP cuestiones de especial interés de los anticapitalistas como la instauración de una renta básica universal. Sànchez se mostró convencido de que sus desavenencias no harán descarrilar el acuerdo.

Laia Estrada, diputada de la CUP, sostuvo hace dos semanas que habían identificado ciertos escollos en el área de salud. “Hablamos de reforzar la atención primaria. Lo dijimos mucho en campaña al pedir mejoras en las condiciones laborales. Y planteamos poder avanzar en internalizar servicios clave como el transporte sanitario y el teléfono 061″. “Si dependiera exclusivamente solo de nosotros”, afirmó, “no habría nada externalizado”. Pese a admitir que esto puede no gustar a Junts, Estrada defendió que asegurar que todos los servicios sean totalmente públicos “es la única forma de garantizar un sistema sin clasismos y la equidad en condiciones laborales”.

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