El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ante la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.Mariscal / EFE

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado este lunes en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso los detalles de la reforma de pensiones que está negociando con los agentes sociales. Entre ellos está pagar una cantidad a tanto alzado a quienes se retiren más tarde de su edad legal de jubilación. El ministro ha precisado que esta cantidad podría ascender hasta los 12.000 euros por cada año que se demore ese retiro para quienes tengan derecho a las pensiones más altas y hayan cotizado hasta 44,5 años. Esta medida forma parte de un paquete con el que la Seguridad Social pretende que la edad real de jubilación –ahora en 64,5 años- vaya acercándose a la edad legal (entre 65 y 66 años en 2021).

El pago de una cantidad a tanto alzado es una de las opciones que baraja Escrivá para estimular ese retraso en el retiro. Otra opción que pone sobre la mesa es la de elevar la pensión un 4% en todos los casos por cada año de demora, ahora ese premio se sitúa entre el 2% y el 4%. En el planteamiento que Escrivá habría hecho a los agentes sociales y ha detallado en el Pacto de Toledo, podría incluso darse una combinación de ambas opciones.

Junto a la cantidad a tanto alzado para impulsar una modalidad de jubilación que ahora casi no se utiliza –en parte por desconocimiento, según ha explicado el propio ministro-, hay otras medidas que persiguen ese fin de ir retrasando la edad efectiva de jubilación sin llegar a tocar la edad legal. Una de ellas sería cambiar el sistema de penalizaciones que ahora se utiliza en la jubilación anticipada voluntaria, la que permite retirarse dos años antes de lo que corresponde legalmente a un trabajador. Ahora ese mecanismo aplica reducción creciente con cada trimestre que se anticipa el retiro; la propuesta es hacerlo mensual, aplicando los mayores castigos en los 24 y 23 meses previos.

Según ha expuesto Escrivá, esta nueva fórmula empeora la situación respecto de lo que sucede actualmente en esos dos primeros meses en los que es posible jubilarse antes del límite legal. También lo haría en los últimos, según las escalas expuestas. No obstante, esta norma general tiene la excepción de quienes pensiones más altas. Para ellos, la situación cambia bastante. Ahora la penalización se aplica sobre la base reguladora –un indicador sobre el que se calcula la prestación y que puede exceder bastante la pensión máxima- por lo que muchas veces la reducción final es mucho menor de lo que contempla la norma: por ejemplo, ahora quien se jubila voluntariamente dos años antes de su edad legal de jubilación tras cotizar menos de 38,5 años tiene una penalización sobre la pensión del 16% pero si su base reguladora excede la pensión máxima ve como ese porcentaje es menor. Eso convierte el sistema en “regresivo”, ha señalado reiteradamente José Luis Escrivá, quien para revertir la situación plantea también aplicar los coeficientes de reducción sobre la pensión y no sobre la base utilizada para su cálculo. Pero como suele ser habitual en las reformas de pensiones, el escenario no cambiaría de golpe para quienes se fueran a jubilar más tarde. La Seguridad Social plantea un periodo transitorio de seis años para que su situación se homologue a la del resto.

Junto a estas dos modificaciones, el Gobierno también plantearía otras tantas que persiguen el mismo objetivo: un retraso de la edad real de jubilación. La primera sería restringir las cláusulas de jubilación forzosa, las que permiten a las empresa despedir a los trabajadores que cumplen la edad legal de retiro si tienen derecho a percibir el 100% de la pensión que les corresponde por su carrera de cotización y está pactado en un convenio colectivo. “Es necesario para que funcionen los otros elementos que proponemos”, ha justificado Escrivá, siendo consciente de que este es uno de los elementos que menos gustan a los empresarios en la negociación. La oferta inicial sobre la mesa sería la prohibición esta cláusula. En cambio, durante la negociación la Seguridad Social ha cambiado su postura para acercarse a las contrapartes retrasando su aplicación hasta que los trabajadores cumplan 68 años.

La cuarta a tocar sería la llamada jubilación parcial, la modalidad que permite a alguien retirarse parcialmente hasta cuatro años antes del límite legal si cumple una serie de requisitos. La norma actual permite al trabajador concentra todo el tiempo que tiene que trabajar en un año y luego no volver a hacerlo. Para desincentivar este uso perverso de esta forma de retiro, la Seguridad Social quiere poner un tope a esta concentración de jornada en el 60%.

Todas propuestas forman parte del primer paquete de la reforma de pensiones que el Gobierno está negociando con los agentes sociales y que el Ejecutivo quiere tener pactada cuanto antes con los agentes sociales para que pueda iniciar después su trámite parlamentario. Las prisas llegan por que la intención de la Seguridad Social es que entre en vigor en la última parte de 2021.

Esta primera parte de la reforma de pensiones se contempla con el nuevo mecanismo de actualización de las pensiones tomando como referencia el IPC. La nueva fórmula se basaría en la inflación pasada y no en la prevista, como ha sido tradicional. Para evitar que si hay una caída de precios, bajen también las pensiones de forma nominal, la propuesta oficial contempla un periodo de tres años para absorber del poder adquisitivo ganado. Esto último no afectaría a quienes cobran una pensión máxima.

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