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Fiesta ilegal Madrid: Un detenido esgrime un contrato de alquiler para negar que el piso asaltado por la policía fuera turístico | España

Uno de los nueve detenidos en el domicilio de la calle Lagasca, de Madrid, en el que la Policía Nacional entró sin orden judicial en la madrugada del pasado 21 de marzo para poner fin a una supuesta fiesta ilegal, va a presentar en el juzgado el contrato de alquiler de la vivienda como prueba de que no se trata de un piso turístico, según han señalado a EL PAÍS fuentes jurídicas. Tanto en el atestado elaborado por los agentes que realizaron los arrestos como, posteriormente, el Ministerio del Interior en un comunicado justificaron la polémica actuación en que la casa no era un domicilio permanente, sino un piso alquilado con el único fin de celebrar fiestas en un momento en el que están prohibidas para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus. Según la copia del documento de arrendamiento, a la que ha tenido acceso este diario, el piso fue alquilado el pasado enero por el detenido a nombre de una empresa británica constituida recientemente en Londres e iba a ser utilizada “para su uso personal y vivienda habitual” por un periodo inicial de un año.

Interior defendió este martes que los agentes habían actuado dentro de la legalidad al entrar sin autorización de un juez a la vivienda donde se encontraban 14 personas porque esta “no constituiría morada, se trataba de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para la realización de una fiesta contraviniendo la actual normativa sanitaria”. Este miércoles, el propio Fernando Grande-Marlaska ha insistido en esa línea en unas declaraciones públicas en las que ha negado que las fuerzas de seguridad estén “violentando” derechos fundamentales. Sin embargo, los juristas consultados por este diario en los últimos días han coincidido en señalar que, incluso en el caso de que la vivienda fuera una residencia ocasional, debe ser considerada morada o domicilio a efectos de inviolabilidad del mismo.

El contrato, de 10 folios de extensión, fue suscrito el pasado 22 de enero y tenía un año de duración a partir del 1 de febrero. Como arrendatario figuraba uno de los detenidos que actuaba en su nombre y en el de una compañía británica registrada hace solo cuatro días en Londres. Como arrendador, figuraba el apoderado de otra sociedad, en este caso dedicada al alquiler de inmuebles. El precio del alquiler pactado fue de 1.650 euros mensuales e incluía una fianza de 3.300 euros.

El documento especifica que el piso “se destina exclusivamente a vivienda del arrendatario y para la permanente ocupación de él”. Y añade que, en el caso de que una tercera persona ajena a su “ámbito familiar directo en primer grado” entrara a convivir con él, este estaba obligado a comunicarlo al propietario, que podía decidir extinguir el mismo. Entre las causas que la empresa propietaria del piso podría esgrimir para dar por terminado el contrato con antelación es que “en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

El atestado policial elaborado por los agentes que acudieron a la vivienda tras recibir una queja de los vecinos recoge que aquellos “perciben un gran ruido en el interior, música excesivamente alta para las horas en que se produce la intervención [sobre la una de la madrugada], gritos y risas continuas”. El documento policial añade que los agentes pudieron observar “a simple vista que se trata de un piso turístico de los que habitualmente se alquilan por jóvenes para celebración de fiestas en su interior”. “Dados los evidentes indicios de infracción existente en el interior del referido inmueble turístico, los agentes proceden a llamar varias veces al timbre”, continúa el atestado dando por hecho que se trata de una vivienda vacacional.

En el vídeo, difundido en redes sociales, se ve a una joven negarse a abrir la puerta a los agentes si estos no portan una orden judicial. Tras un intercambio de palabras, los policías tiran la puerta con un ariete. Las 14 personas que se encontraban en su interior fueron propuestas para sanción por incumplir las medidas sanitarias contra la pandemia que impedía la celebración de fiestas y la presencia de personas no convivientes en los domicilios. De ellas, nueve fueron detenidas por supuesta desobediencia grave, incluida la persona que figura como arrendatario del piso. Sobre esta última, el informe destaca que los agentes tuvieron que “hacer uso de la fuerza” porque intentó usar su teléfono móvil cuando ya se le había comunicado su arresto.

Los agentes detallan en el documento policial que toda su actuación estuvo amparada tanto en la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza y que fue avalada por el Tribunal Constitucional el pasado enero), que autoriza a los agentes a identificar a las personas cuando existan indicios de que han cometido una infracción, como en el artículo 18 de la Constitución y el 533 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recogen las limitadas situaciones en la que está autorizada la entrada en una vivienda sin mandamiento judicial. Los policías añadieron que no solicitaron la orden judicial de entrada por “la necesidad urgente” de acabar con la fiesta y evitar el riesgo de contagio por coronavirus de los que participaban en la misma.

Interior, que en un primer momento evitó censurar la actuación de los agentes con el argumento de que el incidente estaba bajo investigación judicial, pasó a defenderlo el pasado martes, cuando afirmó que las fuerzas policiales actúan, también en estos supuestos, en el marco de la legalidad. “Hay que tener en cuenta que el piso al que acceden los agentes no constituiría morada, se trataba de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para la realización de una fiesta contraviniendo la actual normativa sanitaria”, señalaron. Fuentes del ministerio insistían más tarde que en aquella vivienda no pernoctaban ninguno de los participantes en la fiesta. Esta tesis ha sido rechazada por más de media docena de expertos jurídicos consultados por EL PAÍS.

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