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Gobierno de Canarias obligado a cancelar los toques de queda, junto con otras medidas de suspensión no apoyadas por el Tribunal Superior autonómico | El canario

Los asesores jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias opinaron que hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las medidas del Gobierno Regional para el control de la pandemia, adoptadas el pasado jueves, deben permanecer en vigor porque la orden judicial no es firme, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias Sin embargo, sostiene lo contrario, insistiendo en que el toque de queda y los cierres perimetrales deben continuar suspendidos hasta que resuelva la Corte Suprema.

El TSJC notificó este lunes al Gobierno que su auto no requiere aclaración, diciendo que las medidas suspendidas no se pueden aplicar mientras no estén ratificadas por los tribunales, por lo que el hecho de que el Gobierno de Canarias tenga previsto presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de España sí lo hace. no afectar a la resolución de la Sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional de Canarias.

“Una medida que no se ratifica judicialmente no es efectiva, y no puede ser aplicada, mientras no obtenga, en una u otra instancia jurisdiccional, esa ratificación expresa a la que la ley la ha sometido”, establece la orden judicial.

Es opinión del tribunal que la ratificación “implica, por su propio concepto jurídico, una condición suspensiva de efectividad, de manera que cuando el legislador, en legítimo ejercicio de sus competencias, toma la decisión de someter una determinada acción administrativa a la necesidad de ratificación judicial, esta se ve afectada por una vigencia que puede calificarse de meramente temporal o nula, por lo que la falta de ratificación judicial impide que sea plenamente efectiva. En definitiva, una medida no ratificada judicialmente no es efectiva y no puede ser aplicada hasta que obtenga, en una u otra instancia jurisdiccional, esa ratificación expresa a la que la ley la ha sometido ”.

El Gobierno Regional tiene hasta el jueves para apelar y el Tribunal Supremo cinco días para decidir

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunió urgentemente con su Ejecutivo para dar cumplimiento a la sentencia y publicar de inmediato en el BOC (Boletín Oficial del Estado) una derogación de las tres medidas derogadas sumariamente por el Tribunal Superior, las que son: toque de queda , restricciones de viaje para islas en los niveles 3 y 4 y limitaciones en las reuniones en lugares de culto al aire libre. El portavoz de la Diputación Foral, Julio Pérez, aclaró que el resto de medidas siguen vigentes, entre ellas, limitación de horario de apertura y ocio nocturno del restaurante, capacidades máximas permitidas, distancias de seguridad, uso de máscara y controles en puertos y aeropuertos. . Pérez ha insistido en que “todo sigue igual” y ha señalado que aunque desde anoche no hay toque de queda en las islas “en la calle no hay nada que hacer” porque los parques, restaurantes y locales de ocio nocturno estarán cerrados.

La suspensión del toque de queda, junto con las demás medidas suspendidas, tendrá una duración mínima de una semana, momento en el que el Tribunal Supremo de España se pronunciará sobre los alegatos presentados por el Gobierno de Canarias, en una sentencia que, se espera, será Unificar el planteamiento en toda España para el resto de comunidades regionales, muchas de las cuales han sufrido el rechazo de los distintos tribunales superiores autónomos. Ahora el Gobierno de Canarias, dijo Pérez, intentará convencer al Tribunal Supremo de la necesidad de estas medidas y señaló que en caso de dificultades adicionales, el Ejecutivo Regional decidirá qué otro tipo de medidas son necesarias, ya que lo ha hecho en otras ocasiones, dijo. . “En este momento no hemos considerado declarar un estado de alarma autonómica”, dijo Pérez, aludiendo a la posibilidad, si el Gobierno lo estimara necesario, de declarar un estado de emergencia regional, a fin de obtener las facultades temporales necesarias para imponer más restricciones.

La procuradora general del Estado, Dolores Delgado, se reunió este lunes con miembros del Tribunal Supremo antes de los distintos recursos previstos, incluido el de Canarias, y con el Gobierno central para definir cómo se van a explorar los cambios en la legislación, en función de lo que cada uno. el tribunal superior decide. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, señalaron ayer que la ley permite que cada comunidad autónoma solicite al Gobierno central que intervenga, durante esta situación excepcional, en su territorio para implementar las medidas que estime necesario. El ministro de Justicia, citado en Spanish Language Daily, El País, Señaló que “se estudiarán y propondrán cambios legales adicionales a los Tribunales” si son necesarios después de la sentencia de la Corte Suprema.

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