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Juez solicitó a WhatsApp entre Ministerio de Defensa y Cancillería que deje la entrada al líder del Frente Polisario español

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Brahim Ghali durante la reunión del Frente Polisario en Argelia en 2016.Reuters
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El pasado mes de abril, el juez Zaragoza, que investigaba la entrada a España del líder del Frente Polisario Brahim Galli, dio un nuevo paso en su orden y solicitó todos los mensajes de Whatsapp que el Teniente General del Estado Mayor del Ejército del Aire Javier Salto Martínez y el Jefe de Staff de la entonces Canciller, Arancha González Laya, en frente de los líderes del Sahara.

Gali aterrizó en la base militar de Zaragoza el 18 de abril y fue movido en ambulancia a un hospital de Logroño, donde estaba siendo tratado por el coronavirus. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se resistió a su entrada y se negó a aceptarlo, creyendo que su llegada desencadenaría una crisis diplomática con Marruecos, como hizo él.

Después de que Salto Martínez le dijera que además de llevar a cabo llamadas telefónicas, asimismo intercambió mensajes de WhatsApp con Camilo Villarino fuera de Gali, España y después con el magistrado Rafael Lasala.

Lasala asimismo ordenó que «se dé todo el contenido de estas diálogos escritas, los canales de comunicación y el número de individuos», según consta en la sentencia ya dictada en esta revista.

También, el instructor solicitó a la Guardia Nacional que determinase que Gary salió de España en un vuelo chárter de la compañía aérea francesa Bordeaux-Argel después de su liberación y no tomó las cautelas de tortura horas antes de su liberación.Reporte sus acusaciones a la justicia nacional.

Insistió en que Lasala deseaba entender «el permiso de lanzamiento, el pasaporte y el control de equipaje de Gali y su séquito».

Asimismo accedió a presentar documentos administrativos a Ghali y NIE sobre el otorgamiento de la ciudadanía de españa, junto con otras recomendaciones del abogado Antonio Urdiales, quien sometió la demanda al juez para su consideración. El abogado insistió en que España había ocultado la entrada de Gali en España para que no pudiera comparecer ante los tribunales nacionales.

El magistrado asimismo estimó que se había interpuesto una acción judicial frente otro juzgado de Logroño, cuyo titular no pudo concederle el beneficio del mismo hecho.

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