“Se desprenden suficientes indicios de que Carlos Fabra ha venido constituyendo una amplia trama económica, financiera y contable a los efectos, principalmente, de ocultar su patrimonio ante la Administración, de Justicia y Tributaria”. “Ha encauzado en beneficio propio o de su familia directa fondos de origen ilícito, lo cual reúne los elementos de un delito de blanqueo de capitales”. “Se aprecian indicios de que, aprovechando dicha misma trama defraudatoria, Carlos Fabra ha encauzado en beneficio propio o de su familia directa fondos cuyo origen ilegal provendría de la ejecución de actos presuntamente constitutivos de un delito continuado de cohecho”. El auto del titular del juzgado número 4 de Castellón, que deja al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial a un paso del banquillo, detalla el entramado urdido para la presunta comisión de otro delito, el de eludir la ejecución de la condena, en 2013, por cuatro fraudes fiscales que le llevó a la cárcel y a la imposición de una multa de 1,3 millones de euros, de la que le queda por pagar más de un millón.

La investigación incluyó el registro del domicilio de Carlos Fabra, en septiembre de 2020, en el que la policía encontró un disco duro externo con una capacidad de un terabyte. Ese dispositivo guardaba correos electrónicos en los que, según señala el juez en el auto, “se desprendería el diseño de una operación mercantil por parte de Fernando Castro (yerno de Fabra) al objeto de simular el pago de una deuda pendiente (…) a través del flujo circular de unos mismos fondos por distintas cuentas hasta volver a la cuenta de origen”. Esta operación, y otras reflejadas en la resolución judicial, se realizó a través de Carmacas, una de las sociedades instrumentales ya utilizada por el dirigente del PP en el entramado financiero que acabó con su condena por cuatro fraudes fiscales. Sobre esta, el juez señala que “precisamente para evitar que la Administración de Justicia, con el auxilio de la Administración Tributaria, pudiera actuar contra el patrimonio de Carlos Fabra, con la finalidad de simular una situación patrimonial ficticia del mismo”, una de sus hijas presentó un documento por el que se acordaba la renovación de un supuesto contrato de cuenta de crédito entre Fabra y Carmacas como deudora “no aportado, y que nunca se pretendió cumplir, por cuanto en dicho documento de fecha 3 de enero de 2021 se aumentaba el límite de la cuenta de crédito de 315.000 euros a un total de 600.000 euros, se reducía el tipo de interés anual del 5% al 4%, y se aumentaba el plazo de amortización de 5 a 50 años a partir de dicha renovación, es decir, cuando Carlos Fabra tuviese 117 años”.

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El caso, en el que también están imputados los empresarios Fernando Roig y Enrique Gimeno por prestar dinero a Fabra sin después reclamárselo, ha detectado el cobro de 3,5 millones de euros en préstamos que se entregaban, según señala la resolución judicial, “en consideración a su persona, por ser o haber sido Presidente de la Diputación Provincial de Castellón y, en todo caso, ostentar una posición de influencia política en la provincia”.

El impago de la multa de Hacienda o “penuria económica”, según califica el juez, contrasta con el “hecho aparentado de haberse desprendido de patrimonio a cambio de créditos futuros aún no cobrados, no reclamados, y de difícil retorno, a personas físicas y jurídicas de su círculo próximo, o, en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2017, haber recibido abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de 2.696.994,31 euros y haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26.000.000 de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo”.

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