Este martes se vive una fuerte tensión ya entrada la mañana entre activistas por el derecho a la vivienda y agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra en un nuevo desahucio en el llamado bloque Llavors, en el barrio del Poble Sec de Barcelona, uno de los símbolos de la lucha por la vivienda de la ciudad. Esta vez la orden judicial busca desahuciar a tres jóvenes que ocupan una de las 24 viviendas, pese a que estos tienen informes de vulnerabilidad que, aseguran, el juez no ha tenido en cuenta como argumento para frenar la orden. Los Mossos han tenido que romper la cerradura de la puerta para acceder al interior del piso. Allí no han encontrado a nadie y la comitiva judicial ha hecho entrega de la propiedad al representante legal.

El desahucio choca abiertamente con el acuerdo de investidura del nuevo presidente catalán Pere Aragonès alcanzado entre Esquerra y la CUP, donde se establece que los antidisturbios no participarán en lanzamientos de familias y personas vulnerables. Se trata del primer desahucio bajo la presidencia de Aragonès, que ayer lunes tomó posesión del cargo, y con el pacto de investidura con la CUP vigente, lo que ha motivado una fuerte protesta de los movimientos a favor del derecho a la vivienda.

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La policía ha llegado de madrugada y desde entonces decenas de activistas se concentran frente al cordón policial, al que han tirado pintura, lo que ha originado pequeñas cargas. Entre los concentrados hay cuatro diputados de la CUP: Dolors Sabater, Eulàlia Reguant, Xavier Pellicer y Carles Riera. En el acuerdo de investidura del presidente Pere Aragonès, los anticapitalistas pactaron con ERC que los antidisturbios no intervengan en desahucios con personas vulnerables. “No haremos declaraciones. Estamos evidenciando la contradicción que supone esta situación, que se trate la emergencia habitacional como un problema de orden público, con la presencia de antidisturbios”, ha afirmado una portavoz. Mientras se produce la concentración en la calle de Lleida, otro grupo de activistas por la vivienda ha ocupado la sede de Esquerra en la calle de Calàbria y piden la retirada de los efectivos del desahucio. A las nueve y media de la mañana, los Mossos han dado el desahucio por finalizado, después de romper la cerradura de la puerta y comprobar que no había nadie en el interior. 60 personas han sido denunciadas por desobediencia, que se suma a 3 investigados por atentado contra agentes de la autoridad y otros 9 investigados por desórdenes públicos.

Los diputados de la CUP en primera fila durante el desahucio.Clara Blanchar

“La orden de intervención de la Brimo era muy concreta, especificaba qué cuerpo de los Mossos tenía que intervenir. Es la primera vez que lo hemos visto”, ha asegurado Aragonès en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Es imprescindible que el nuevo protocolo que trabajaremos también involucre al poder judicial”, ha añadido. El nuevo presidente de la Generalitat ha recordado que su nuevo gobierno será nombrado mañana miércoles y ha aceptado que “imágenes como las de hoy se tienen que revertir”. El president ha explicado que ya ha hablado con la jefa de filas de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, y se ha comprometido a cumplir sus acuerdos de investidura.

El desahucio fue suspendido la semana pasada porque, al requerir el juez la presencia de agentes antidisturbios de los Mossos, el cuerpo respondió que no tenía efectivos disponibles. Una semana después, la ejecución pone a prueba el acuerdo de investidura del presidente Pere Aragonès entre ERC y la CUP, en el que los anticapitalistas exigían que ni las ARRO (Áreas Regionales de Recursos Operativos) ni la BRIMO (Brigada Móvil) intervengan en “desahucios de familias o personas vulnerables”. Este punto del acuerdo, con todo, no figura en el pacto de Gobierno firmado entre ERC y Junts. “Hoy hemos visto que como la BRIMO de Pere Aragonès de la mano de Desokupa ejecuta desahucios en su primer día de Gobierno. Me he quedado sin casa pero seguiremos plantando cara”, ha declarado Àlex Altadill, uno de los tres jóvenes desahuciados.

El de este martes es el tercer intento de desahucio de Axel, Arkaitz y Manel, tras otro en abril que los colectivos de vivienda consiguieron parar con su presencia en la puerta. El Sindicato de Barrio del Poble Sec denuncia que a los ocupantes no les ha servido acogerse al decreto 19/2017 (que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de desahuciar, pero fue tumbado por el Constitucional). Tampoco se han podido acoger a la moratoria de desahucios dictada durante la pandemia y todavía vigente.

Algunos manifestantes se han concentrado ante la sede de ERC.
Algunos manifestantes se han concentrado ante la sede de ERC.Massimiliano Minocri

El edificio, de 24 pisos y propiedad del fondo Vauras Investment, ha sido noticia en varias ocasiones. Seis de sus pisos fueron ocupados por primera vez en 2017. En marzo de 2020, justo antes de comenzar la pandemia y declararse el estado de alarma, decenas de agentes de la Brigada Móvil desalojaron seis pisos. En ellos vivían una decena de personas y dos menores. En ese momento el desalojo provocó un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Barcelona (que criticó el dispositivo policial y recordó el decreto entonces recién aprobado) y la Generalitat. Actualmente, además del piso que es motivo de la protesta este martes, hay otros dos pisos ocupados.

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