Serán, en principio, dos juicios por la misma causa, porque los nietos de Francisco Franco han recurrido a la vía civil y la penal para no dejar rastro de la emisión, el 23 de julio de 2018, del reportaje titulado La herencia de los Franco, dentro del programa En el punto de mira de Cuatro. Los demandados son, además de Mediaset, los directores del programa, Juan Serrano y Lorena Correa, y los reporteros Pablo de Miguel, Juan Carlos González y Carla Sanz. También los cuatro invitados a intervenir en aquel espacio: el periodista y escritor Mariano Sánchez Soler, autor de La Familia Franco, SA; el investigador Carlos Babío, cuyas pesquisas, durante tres décadas, de la historia de Meirás sirvieron de base al Estado para recuperar el pazo; el redactor jefe de ABC Sevilla Javier Otero, y un ex miembro de la propia familia, el periodista Jimmy Jiménez-Arnau (que estuvo casado con María del Mar Alegre Martínez-Bordiú, nieta del caudillo).

La ofensiva judicial contra este y algún otro programa desplegada en 2018 por los herederos del dictador tenía lugar en los meses en que estaba candente el debate por la futura exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Uno de los demandados, Carlos Babío, explica que los abogados presentaron primero una querella, pero se archivó y recurrieron, y mientras tanto acudieron a la vía civil con una demanda. Después prosperó el recurso por lo penal, y actualmente dos juzgados diferentes de Madrid se ocupan del mismo caso. Este miércoles llega a juicio la demanda, en Primera Instancia número 43, en la que los Franco exigen la destrucción del programa y la emisión de la sentencia en el mismo horario de máxima audiencia en que se emitió aquel capítulo sobre su herencia. También reclaman una indemnización de 50.000 euros, a pagar entre todos, por “intromisión ilegítima” y “vulneración del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y de la propia imagen”.

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El programa La herencia de los Franco, emitido por Cuatro y producido por Cuarzo, repasaba el proceso de incorporación de diversos bienes al patrimonio de la familia, tales como el pazo de Meirás (Sada, A Coruña), el palacio del Canto del Pico (Torrelodones), la casa Cornide (A Coruña) o la finca de Valdefuentes (Arroyomolinos). La demanda de los herederos del dictador reproduce exhaustivamente, a lo largo de 108 páginas, las escenas y los comentarios de los presentadores, reporteros y expertos invitados. Según los abogados de los Franco, la intención del espacio televisivo era ofrecer una “imagen negativa y tendenciosa” de sus clientes, “difamar” y “desprestigiar”, con “temerario desprecio de la verdad”.

La vía penal, a cargo del juzgado de Instrucción número 39, se sigue por supuestos delitos contra el honor, injurias y calumnias. Carlos Babío, autor junto al historiador Manuel Pérez Lorenzo del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un botín, recuerda que en su caso los delitos de los que le acusan están relacionados con “comentarios realizados sobre hechos del año 41″. Un auténtico “esperpento”, dijo este martes en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia, porque en Alemania o Italia sería inimaginable “un juicio por injurias contra Hitler o Mussolini”.

En el acto de apoyo organizado por la formación de la que es militante, el Bloque Nacionalista Galego, Babío describió la situación de los Franco en España como “el mundo al revés”: “no se trata de un juicio contra mí, sino contra una sociedad democrática que quiere avanzar”. “La intención final es amedrentar a la sociedad, y no lo van a conseguir”, advirtió el investigador, que ha dedicado más de media vida a rastrear el caso de Meirás por ser nieto de una viuda expropiada para engrandecer la mansión estival del Jefe del Estado.

La líder del BNG, Ana Pontón, avisó en la misma comparecencia de la víspera del juicio de que este tipo de denuncias solo servirán para dar “más ánimos” a quienes luchan para que “haya justicia y reparación” en el país y que “realmente se llegue a un momento en que se acabe con todos esos pozos negros de una transición mal hecha”. Dos sentencias han reconocido ya, desde septiembre de 2020, que Meirás pertenece al Estado, aunque los Franco también han recurrido esta decisión.

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