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Los nuevos terratenientes de España | Negocios

Vista aérea de la hacienda ‘Buenavista’ en la finca del mismo nombre en la localidad cordobesa de El Carpio y propiedad de la Casa de Alba.PACO PUENTES

Lo último que la duquesa de Alba donó al Ayuntamiento de El Carpio antes de morir fue un ingenio hidráulico del siglo XVI y un cebadero para cerdos. Tras su fallecimiento en 2014, las banderas de este municipio cordobés de 4.363 habitantes ondearon a media asta en señal de duelo. El lunes pasado, su hijo Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo se acercó a visitar a la alcaldesa para ver cómo van las obras de rehabilitación en los edificios cedidos por su familia. La casa de Alba tiene allí 3.201 hectáreas de fincas agrícolas de las 4.668 que abarca el término municipal: casi el 70% del pueblo es suyo. Muchos otros terratenientes, sin embargo, se escapan al ojo público en un país de 503.153 kilómetros cuadrados, 50 millones de hectáreas salpicadas de realidades rurales complejas y diversas.

“No espere grandes revoluciones, las estructuras son muy estables, se van conformando con el paso del tiempo”, anticipa José Luis Miguel, técnico del sindicato Coag. Aunque, como decía Lenin, hay décadas en las que no pasa nada, pero hay semanas en las que pasan décadas. Este puede ser uno de esos momentos para el campo español. El martes, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba que el Gobierno destinará 10.000 millones de los fondos europeos a combatir la despoblación rural con el objetivo de que aporte más del 30% del PIB nacional. Por comparar, en Francia su contribución alcanza el 40%, y en Alemania, un 50%. Hablaba Ribera de un gran sesgo, traducido en la concentración de renta y riqueza en tres o cuatro grandes áreas metropolitanas frente a la pérdida de la España interior, que es la que verdaderamente provee de servicios ambientales y alimentos a las áreas urbanas.

Tierras de secano sin apenas valor, tierras de regadío con precios al alza, explotaciones forestales, aprovechamiento cinegético, abandonos, minifundio en el norte, latifundio en el sur… En la primera década de este siglo se perdían 82 explotaciones agrícolas diarias. Entre 2013 y 2016 (última encuesta del INE) ya fueron menos: desaparecían, de media, 15 cada 24 horas. Los agricultores abandonan, pero sus tierras siguen ahí, muchas pasan a engordar el perímetro de otras explotaciones por ventas o cesiones de herederos y algunas simplemente se pierden entre la maleza burocrática o cambian de uso cuando llevan más de cinco años sin trabajar. La escasa y desactualizada estadística disponible impide conocer con exactitud la fotografía de la propiedad de la tierra en un país donde sí se saben dos cosas: en los últimos 20 años el terreno forestal ha ganado espacio (de 16,3 millones de hectáreas en 2000 a 19,4 millones en 2019), y la superficie agrícola ha retrocedido en 1,4 millones de hectáreas, a la vez que el tamaño medio de las explotaciones crece (un 18%, hasta las 24,6 hectáreas, según los últimos datos disponibles).

Se calcula que en España hay dos millones de hectáreas de terreno rústico que han sido abandonadas, un problema que crece y alimenta otros, como los incendios forestales

En la UE el 52% de la tierra agrícola está controlada por solo el 3,1% de las explotaciones, según el documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018 sobre el futuro de la PAC. En España hay 8,7 millones de titulares catastrales de fincas rústicas, 1.100.000 más que hace 10 años. Podría parecer que se da un proceso inverso, que la propiedad se disgrega, pero estos datos incluyen tanto a propietarios como a concesionarios, usufructuarios y superficiarios. Y cada autonomía es un mundo: Galicia, con un 5,8% del territorio, tiene el 19,7% de los titulares (y subiendo), mientras que Extremadura, el reino de la dehesa con el 8,2% de la superficie del país, apenas cuenta con un 4% de los titulares. Por el contrario, todo parece indicar que la propiedad, al menos la agrícola, se concentra en menos manos, como anticipaba hace un lustro el estudio Estructura de la propiedad de tierras en España: concentración y acaparamiento (Fundación Mundubat), financiado por el Gobierno Vasco.

Búsqueda de rentabilidad

“Hay pocas fincas a la venta y enseguida se venden. Por lo que yo veo, los precios han subido muchísimo. Hace no mucho, una finca de secano se pagaba a 3.400 euros la hectárea y ahora está entre 6.000 u 8.000 euros”, cuenta la abogada Celia Miravalles desde su despacho de Valladolid, sin pretender hacer de sus datos una regla estadística. Esta letrada especializada en derecho agrario y arrendamientos rústicos dice que en la zona donde trabaja se le acumulan los asuntos: retractos, compraventas, tramitaciones de la PAC. “Cada vez se profesionaliza más el campo, los agricultores están más preparados y buscan una rentabilidad mayor”, explica.

En eso están también los nuevos actores que se aventuran a sacar partido al suelo. La consultora inmobiliaria CBRE lanzó hace un año el área Agribusiness, donde ofrece servicios de valoración, asesoramiento y transacciones para activos agroindustriales. Los directivos Javier Jiménez y Luis Pascual explican ese creciente interés del capital privado y los fondos internacionales en el campo español. “Mucho suelo agrícola está concentrado en grandes tenedores, tanto de fondos de inversión que han comprado carteras con distinta tipología de producto que incluían fincas rústicas como de private equity y familias [grandes fortunas]. Y quieren crecer”. Lo mínimo que les piden para empezar a hablar es que busquen fincas de 40 o 60 hectáreas. “Antes los grandes tenedores contaban con menos de 100 hectáreas, ahora tienen 2.000 o 3.000 y quieren tener un porfolio de 10.000 o 20.000”. Pero las agrupaciones de parcelas son complicadas. “Hay mucha atomización y no todo el mundo está en disposición de vender. Hay fincas en producción que al lado tienen fincas abandonadas. Sacar rendimiento a un área no productiva te cuesta como mínimo entre tres y cuatro años, y eso penaliza los proyectos”.

Tras la crisis de 2008 y el descenso al abismo de muchas cajas de ahorros, un gran porcentaje de ese suelo terminó en manos de la Sareb. En su última memoria, el banco malo reconocía que todavía le quedan 5.830 hectáreas de suelo rústico por colocar. Pascual insiste en que “muchas parcelas de ese suelo han perdido su uso, hay cientos de hectáreas en manos de fondos que no hacen una gestión, y ponerlas en producción requiere de una inversión”. Aunque la recompensa es interesante. “El producto rústico agrícola es bastante rentable: puede estar entre un 6% y un 10%, dependiendo de su tipología”, dice. Las miradas se posan en la tierra de regadío para cultivos hortofrutícolas del Levante y sur del país. Almendra, cítricos y aguacate son los más buscados por el gran capital.

Uno de esos nuevos actores interesados es Panda Agriculture & Water Fund, el primer fondo agrícola creado en el mercado español y el único en Europa que incluye el agua entre sus inversiones. Su gestor, Marc Garrigasait, está encantado de que cada semana se multipliquen los partícipes. Explica que apuestan por empresas cotizadas en cualquier mercado: “Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, suponen el 7% del peso de nuestra inversión”. Buscan firmas que tengan en propiedad las mejores plantaciones. “Queremos un producto para inversores-ahorradores que esté respaldado por activos reales. En el mundo actual nos da mucho miedo la expansión monetaria. No digo que invirtamos porque pensemos que la tierra va subiendo de precio —sube, pero lentamente—, sino que la vemos como una garantía”.

La covid ha dado brillo al negocio y ha hecho entender en los despachos de las grandes ciudades el creciente valor del campo por algo de perogrullo que recuerda Garrigasait: “Cada día se suman a este mundo entre 200.000 y 250.000 personas. En los próximos 40 años tendremos que producir más comida que en los últimos 10.000 años. Con menos agua, con menos tierra agrícola y tratando de contaminar menos. Fíjese qué cóctel tenemos delante”. Y habla de una “explosión de dinero” entrando en estos activos desde el verano pasado, en plena desescalada global. “Nuestro fondo estaba a 10 euros [valor liquidativo de una participación] y hoy ha subido a casi 14. Es como si de golpe se haya despertado de este retraso”. Quizá porque se han quebrado las cadenas de suministro mundiales y las empresas vuelven la vista hacia la producción de alimentos de proximidad.

Mientras, otros fondos suman y siguen. El lunes, la firma catalana Miura Private Equity anunció la creación de Frutas, al que bautizó como “el mayor fondo de inversión agroalimentario de Europa, con un tamaño de 350 millones de euros procedentes de grandes inversores institucionales europeos y americanos”. Apenas 15 días antes, la compañía publicaba que una de sus participadas, el grupo español Citri & Co, que comercializa medio millón de toneladas de fruta, se aliaba con Agrícola Famosa, empresa brasileña que es uno de los principales productores mundiales de melones y sandías.

Emilio Manchón, uno de los socios de la sociedad de capital riesgo Nazca, también persigue oportunidades, pero en sociedades familiares medianas que vean sus activos del campo florecer. “Buscamos empresas con buenos equipos directivos, con proyectos ambiciosos de crecimiento”. Han entrado en Herbex, que, con sus 700 hectáreas de terreno en El Ejido y otras localizaciones en Canarias y Marruecos, produce y comercializa hierbas aromáticas frescas para toda Europa. “Hay empresas familiares con un gran recorrido, proyectos exitosos a los que les falta dar ese último salto de profesionalización”, aunque advierte de que no todo es trigo limpio: “En algunos segmentos hay más margen de diferenciación que en otros”. Y luego están los riesgos, que van desde factores climatológicos hasta volatilidad de precios de las cosechas. En cualquier caso, cree que el sector agrícola español es resiliente, una de esas palabras que más gustan a los inversores en momentos de zozobra.

Otros empresarios, los de energías renovables, se han fijado en los suelos más áridos y depreciados. Por la misma hectárea de secano que con suerte se alquilaba por 150 euros a un agricultor, ahora las empresas abonan 1.500 con contratos a 20 o 25 años. ¿Quién da más? Para el director de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, la instalación de huertos solares “no es el maná, pero genera puestos de trabajo y mejora la calidad de vida”.

Aunque no todo el mundo lo ve así. Julián Mora, experto en ordenación del territorio y profesor del Departamento de Análisis Geográfico de la Universidad de Extremadura, critica que en su comunidad autónoma las compañías estén “alicatando el paisaje” con instalaciones que nacen como setas y que no ayudan a fijar población. “Estoy muy a favor de la energía renovable, pero que genere empleo. En el mundo rural no hay oportunidades, de ahí las pérdidas demográficas, y si transformamos los usos del suelo con los espejitos sin dar empleo, hacemos un pan como unas hostias”.

En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) del Ministerio de Transición Ecológica, uno de los objetivos es que España pase de 9.000 MW de potencia fotovoltaica instalada a 39.181 MW dentro de 10 años. Eso ha lanzado a las operadoras a alquilar tierras con muchas horas de insolación y cercanas a puntos de evacuación de energía. Donoso replica que “si se desarrolla todo el Pniec, se necesitaría el 0,25% del suelo agrícola del país para paneles. Eso en el caso más favorable. Es cierto que tras la construcción, un parque deja poco trabajo, pero genera ingresos importantes a los Ayuntamientos, rentas a los agricultores, y eso deriva en empleo indirecto”. A los promotores, sin embargo, no les interesa comprar la tierra, como razona Yann Dumont, consejero delegado de la consultora Reolum y presidente de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía: “Supondría una inversión difícilmente recuperable para el promotor. En cambio, un arrendamiento se trata como un coste operativo que se paga con la venta de energía”.

El hiperproblema

María Ortigosa es una de esas jóvenes de las que hablaba el profesor Mora, con la diferencia de que ella sí ha encontrado un lugar en el campo. Con 35 años, lleva dos como agricultora en Morata de Tajuña, al sureste de Madrid. Ella y su marido trabajan unas 40 hectáreas, todas arrendadas, fundamentalmente para producir alfalfa y avena en rama, aunque también tienen olivar y algunos animales. Al otro lado del teléfono suena acelerada: han hecho falta cuatro o cinco llamadas para hablar con ella. “Voy atropellada a todas partes. Vivo bien porque me gusta, no me manda nadie, pero cuando me da el bajón pienso en quienes trabajan de lunes a viernes”. Nunca se ha planteado comprar tierra, su economía no se lo permite, como a miles de jóvenes que ven en ello una barrera importante para dar el relevo en el sector.

Porque lo cierto es que cada año solo se compra o vende el 0,25% de la superficie rústica total. Un mercado “muy local, muy compartimentado, poco transparente”, como señala el técnico de Coag. Esto ocurre, -según un estudio publicado en enero por el Ministerio de Agricultura que califica el escaso acceso de los jóvenes como un “hiperproblema”-, por un rosario de circunstancias, desde el alto precio hasta la desconfianza de los propietarios, la onerosa tramitación de las cesiones, las implicaciones fiscales, la falta de conocimiento o el efecto de un sistema de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) vinculado a una tierra que nadie quiere perder. José Carlos Caballero, especialista en Desarrollo Rural de Asaja, cree que la nueva PAC 2023-2027 incentivará la generación de derechos de pago básico para los jóvenes, “máxime con las preocupaciones por el despoblamiento”.

Pero hasta que eso llegue hay que buscar nuevas fórmulas, como las que detalla José Emilio Guerrero, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (­ETSIAM) de la Universidad de Córdoba: “Muchas cooperativas están siendo las garantes de las cesiones entre personas que quieren jubilarse, pero se resisten por mantener las ayudas de la PAC y los jóvenes”. En otros países ya lo han intentado con éxito. Y en España hay numerosas iniciativas. Una de ellas es la que impulsa en Valencia el grupo Innoland. “En el sector cooperativo hay una gran inquietud por el abandono”, explica Rubén Cohen desde Cooperatives Agro-alimentàries, “repercute en el paisaje, en la menor base productiva. En estos esquemas buscamos modelos donde la cooperativa se convierta en un gestor de un banco de tierras”. Son ellas las que tramitan con los socios las cesiones en las que cabe de todo, desde marcar pautas técnicas a la parcela (tratamientos, variedades) hasta el reparto de costes y beneficios, las inversiones, reconversión varietal. Y rechazan la entrada del gran capital. “Si dejas que agentes ajenos se introduzcan en el sector, eso te conduce a una agricultura sin agricultores”.

En suma, el futuro de la tierra española enlazado con la agricultura no está escrito en blanco o negro. La concentración de las explotaciones, según la veintena larga de expertos consultados, es necesaria para que dejen de ser un simple complemento de rentas para personas que no trabajan la tierra y se conviertan en un futuro para los jóvenes que seguramente serán expulsados del mercado de trabajo con la pandemia. De las políticas públicas dependerá si el resultado consigue mejorar lo presente o la agricultura seguirá siendo un lugar con las banderas a media asta.

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