Política

Los reguladores esperan a pesar de la necesidad de reforma – INFOTOTAL

En El extraño caso de la desaparición de la infracción en la UE (13 de enero), R. Daniel Kelemen y Tommaso Pavone arrojan luz sobre una parte crítica y no controvertida del sistema regulatorio de la UE. Pero, ¿ha relajado realmente la Comisión Europea su control sobre el respeto del derecho comunitario por parte de los Estados miembros? Sus instalaciones merecen una cuidadosa consideración.

Si bien es cierto que los procedimientos de infracción de la UE se han vuelto más raros en las últimas décadas, estas cifras no cuentan toda la historia. El Comité también tiene una forma ‘suave’ de desempeñar el papel de ‘Guardián del Tratado’.

Tomemos el ejemplo de Italia. Allí, una combinación compleja de solicitudes de información, controles informales, reuniones en el ayuntamiento y cartas de consuelo (no del tipo del Día de San Valentín) permite a la Comisión supervisar de cerca el cumplimiento del derecho a la UE por parte de los Estados miembros a diario. Este flujo clandestino de relaciones diplomáticas y/o administrativas, que también se desarrolla de manera diferente en otros Estados miembros, puede parecer opaco y problemático, pero está lejos de ser ineficaz. Pero si bien puede ser efectivo y duradero, no obtiene estadísticas oficiales.

Además, no es del todo cierto que la Comisión Europea haya relajado el uso de procedimientos formales de infracción, especialmente después de que la presidenta Ursula von der Leyen asumiera el cargo. Incluso durante el primer confinamiento por la COVID-19 en Italia, la Comisión solo fue suspendida brevemente antes de tomar medidas para iniciar un procedimiento de infracción. Ha tomado posiciones fuertes, con especial énfasis en la protección de los derechos civiles durante la pandemia.

En aras de la claridad, la implementación completa y precisa ha sido una parte importante del desarrollo de la integración europea durante muchos años y, por lo tanto, debe mantenerse. Con este fin, los autores recomiendan separar la función de aplicación del comité de su función de toma de decisiones.

La idea es interesante y se ha consolidado en el debate académico y político. Sin embargo, su implementación parece muy problemática y requiere una revisión de los tratados existentes.

No es descabellado suponer que la Comisión solo aceptará esta pérdida de funcionalidad técnica y un aumento proporcional de su papel político. Es poco probable que muchos Estados miembros acepten la idea.

En este contexto, creemos que un debate exhaustivo sobre los procedimientos de infracción debe abordar otras cuestiones más difíciles.

Primero, la excesiva discrecionalidad de la Junta en la administración de litigios por daños y perjuicios. La Comisión no está obligada a iniciar, continuar o terminar un procedimiento. Esto se hace para proteger al comité de conflictos formales con los estados miembros, pero también corre el riesgo de comprometer seriamente su eficacia y aceptabilidad social.

Otro peligro es que cualquier programa tiene el potencial de durar indefinidamente, o peor aún, largos períodos de inactividad en cualquiera de los lados. La duración de los procedimientos también tiene implicaciones prácticas obvias para las sanciones pecuniarias, que a menudo se imponen mucho después de la primera apelación.

Por ejemplo, en un caso de gestión de residuos en Campania, Italia fue multada ocho años después del inicio del procedimiento, es decir, al menos diez años después de los hechos que dieron lugar a la infracción. A pesar de los avances significativos en el manejo de la situación, ahora paga la misma multa por siete años. ¿Hasta qué punto el gobierno y el público que tratan de resolver el problema considerarían legítimo tal castigo?

Finalmente, existe una situación en la que el procedimiento no siempre se completa inmediatamente después del final de la infracción. Esto sucede cuando el comité teme que se repitan violaciones similares o espera que todos los miembros bajo investigación cumplan al mismo tiempo. Sin embargo, si la apertura de un procedimiento de infracción se considera un estigma, los Estados miembros deben tener derecho a eliminar este estigma una vez finalizada la infracción.

Creemos que las reformas creíbles para fortalecer el procedimiento de infracción son posibles a corto plazo. En primer lugar, debe tenerse en cuenta el poder discrecional del comité y la duración del procedimiento, porque ni siquiera sería necesaria una modificación del tratado para resolver estos problemas. Sin duda, esto fortalecerá el sistema de ejecución de la UE.

Massimo Continanzi
Catedrático de Derecho Europeo en la Universidad de Milán
Coordinador de la Oficina Nacional de Resolución de Controversias en Materia de Daños

jacopo alberti
Profesor Asociado de Derecho de la UE, Universidad de Ferrara

camille brill
Investigador en Derecho de la UE, Universidad de Milán

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