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Los socios presionan al Gobierno, con guiños al PP, para que Sánchez lidere la etapa tras el estado de alarma | España

Los socios parlamentarios habituales del Gobierno han lanzado un guiño al PP. El Gobierno ya recibió un aviso de esas formaciones la semana pasada en el Congreso, para instarlo a negociar con las autonomías y los grupos parlamentarios sobre cómo gestionar en común la situación tras el final del estado de alarma. Este martes, ante la falta de respuestas desde el Ejecutivo, han dado un paso más, y esta vez con la vista puesta en el Partido Popular.

ERC, Compromís, PDeCAT e incluso PNV, EH Bildu y Más País han reclamado a Pedro Sánchez que actúe de inmediato, pues creen que no queda casi tiempo, y que lidere una solución o “paraguas” jurídico alternativo. Y lo han hecho advirtiendo de que, mientras tanto, se abren a estudiar el llamado “plan b jurídico” presentado por el PP, que pasó precisamente el primer filtro en el Congreso para someter su debate a pleno. Esa situación y discusión parlamentaria, sin embargo, no se produciría hasta al menos finales de mayo, varias semanas tras el fin del estado de alarma, el 9 de mayo. La Moncloa se reafirma en que las autonomías tienen instrumentos para gestionar la situación tras esa fecha y demanda al PP que aclare bien si quiere que el estado de alarma decaiga o continúe.

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, fue de los primeros en apuntar este martes que su partido, que cogobierna la Generalitat de Cataluña, estaría dispuesto a que se tramitara por la vía de urgencia y en lectura única la proposición de ley del PP, que plantea unificar criterios en todas las comunidades autónomas tras el final del estado de alarma el 9 de mayo. “Estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad. Lo que es una irresponsabilidad es que gente como [Iñigo] Urkullu, Ximo Puig o [Pere] Aragonès se enteren de que acaba el estado de alarma sin alternativa y por los titulares”, protestó Rufián. Y criticó que el Gobierno no haya cumplido el compromiso expresado en su día por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de preparar un nuevo marco legal que fuera “menos nocivo” que el estado de alarma en el mantenimiento de las libertades.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también anticipó su disposición a respaldar la iniciativa del PP para poner en común soluciones entre las autonomías y evitar que haya sentencias contradictorias de los distintos tribunales superiores ante restricciones o controles diferentes en distintas partes del territorio. “Yo no estaría en contra de cualquier medida si puede ayudar; nosotros no estaríamos en contra, aunque venga del PP”, recalcó. Baldoví enfatizó la que considera es una sensación de inseguridad de muchos gobiernos autonómicos “del mismo signo que el Ejecutivo y de diferente”. Y pidió al Gobierno central que se siente y hable con las autonomías, escuche a los presidentes autonómicos para salir el 9-M “con certezas y sin temor a sentencias contradictorias a medidas iguales”.

Este escenario lleno de recelos se volvió a reproducir este martes entre varios socios del Ejecutivo que achacan al presidente, Pedro Sánchez, falta de información, de previsión y de liderazgo a apenas 20 días de llegar a esa fecha límite. La disculpa, en este caso, la provocó el propio PP, al llevar a la Mesa del Congreso su proposición de ley para que fuese calificada por ese órgano y aceptada por unanimidad, que sea ratificada —posiblemente la semana que viene— por la Junta de Portavoces y luego pueda decidirse cuándo se eleva su discusión al pleno. El Gobierno tiene 30 días de margen para informar sobre este tipo de propuestas y el PP tendría que esperar a tener cupo para defenderla. El próximo espacio de los populares para forzar ese debate podría ser el 25 de mayo, pero para eso el Ejecutivo debería resolver su información previa con prisa, antes del día 18 de mayo y, no parece estar por la labor. El siguiente cupo para proposiciones de ley del PP se demora hasta el 22 de junio. El calendario electoral madrileño, con la cita de las urnas el 4-M, se ha cruzado además en el camino y la primera semana de cada mes no hay plenos.

El portavoz de Más País en la Cámara, Íñigo Errejón, interpretó que, como el PP es conocedor de la existencia de todos esos plazos, presentaba esa proposición ahora a sabiendas de que no llegará a tiempo y por incluir esta situación en la refriega de la campaña electoral madrileña.

Portavoz del PP

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, instó sin embargo a los partidos de la coalición gubernamental a que permitan el debate de “manera rápida” y sin agotar los plazos normales para estudiar esos nuevos instrumentos jurídicos, con reformas de leyes ordinarias ya existentes, para dar “certidumbre” a las autoridades en la desescalada. El PP aboga así por acabar con el estado de alarma, “con garantías” y “sin tener que recurrir a medidas extremas”.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, también lamentó la falta de respuesta del Gobierno y el “desconcierto” que generará que no haya medidas ni pronunciamientos más allá de la ley ordinaria de Salud Pública. “Sería irresponsable que el Gobierno no clarifique la situación antes del 9 de mayo”, indicó Bel.

Íñigo Errejón, de Más País, señaló al igual que otros portavoces que estudiará con cuidado las alternativas jurídicas que propone el PP, algo que tampoco rechazó incluso la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, si bien con muchos reparos de entrada. Errejón y Aizpurua, como hicieron varios de sus compañeros, aprovecharon para cuestionar “la inacción” del Gobierno central, la carencia de un «Planificar un» y un “plan b” al estado de alarma. Errejón consideró especialmente “delicado” y “preocupante” que los populares defiendan que algunas comunidades pudieran decidir “de manera troceada”, y si sus datos de incidencia de virus se lo permiten, sobre limitaciones de derechos tan fundamentales como la movilidad de los ciudadanos porque entiende que esa competencia depende solo del Congreso.

Aizpurua precisó que el Ejecutivo debería contar más con los socios que le llevan apoyando toda la legislatura. “Es al Gobierno a quien le corresponde liderar y poner los mecanismos necesarios para adoptar medidas que amparen a la ciudadanía. No puede dejar las cosas como están. Se necesita un paraguas jurídico a partir del 9 de mayo pactado con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios”, ha señalado la portavoz de EH Bildu.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, señaló que “tal y como están los números, si no se hace ningún retoque [en la legislación], e incluso con las previsiones más optimistas del plan de vacunación” anunciado por el Gobierno español, “el instrumento más útil” para luchar contra la pandemia “es, todavía, el estado de alarma”. En una entrevista en TVE, Esteban aseguró “no entender el empeño” del Gobierno español en anunciar “con un mes de antelación” que no prolongará el estado de alarma más allá del día 9 de mayo y recordó que el grupo vasco formulará este miércoles una pregunta en el pleno a la ministra de Sanidad sobre ese asunto después de que este fin de semana la vicepresidenta Calvo y la ministra de Defensa hayan admitido que las comunidades autónomas no podrán aplicar medidas restrictivas de la movilidad sin el estado de alarma.

Desde Vox, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, recordó que no han estado nunca a favor de ningún recorte de las libertades con el estado de alarma y menos ahora, donde ya no ve sentido a que los ciudadanos tengan que estar confinados en sus casos a las once de la noche o se les limiten sus movimientos.

Desde el Gobierno, tras el semanal Consejo de Ministros, la portavoz, María Jesús Montero, reiteró la posición que ya fijó la semana pasada el presidente Pedro Sánchez en el pleno. No sé va a prorrogar el estado de alarma tras el 9-M. Montero sostiene que las comunidades autónomas tienen instrumentos suficientes para sustituirlo. Remarcó que aplicar restricciones de movilidad de los ciudadanos no cabe en leyes ordinarias y solo cabe dentro del estado de alarma. Y apostilló: “No se va a prorrogar el estado de alarma pero siempre está sujeto a revisión. No hay vacío legal. Las comunidades tienen todo un abanico de posibilidades y el consejo interterritorial puede seguir tomando decisiones”. Montero se quejó de que no entiende las distintas posiciones que observa dentro del PP sobre la utilidad del estado de alarma y concluyó que abogan por ese tipo de iniciativas en el Congreso para enredar políticamente.

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