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Madrid levanta el toque de queda y la hostelería cerrará a las doce de la noche | Madrid

A partir de las doce de la noche del sábado, Madrid levantará el toque de queda y la prohibición de reuniones en los domicilios con no convivientes. El domingo, la hostelería empezará a cerrar a las doce de la noche, aunque mantendrá el límite de aforo en cuatro personas en interiores y seis en exteriores. Es la decisión, al menos por ahora, que ha tomado la Comunidad de Madrid frente al decaimiento del estado de alarma este 9 de mayo. La comunidad, con 317 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada, en muy alto riesgo, se enfrenta a unas semanas sin prácticamente restricciones para frenar la transmisión de la covid. Así lo ha confirmado la mañana de este viernes el consejero de Sanidad en funciones Enrique Ruiz Escudero en rueda de prensa: “No existe cobertura para la adopción de medidas limitativas como el toque de queda. Nosotros confiamos en la responsabilidad de los ciudadanos”.

Las que sí mantendrá el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso será la obligatoriedad del uso de mascarilla; los máximos de personas en los aforos de bares y restaurantes, la prohibición del consumo en barra y los aforos para centros comerciales, cines o teatros, al 75%. Además de los perimetrajes por zonas básicas de salud —áreas asociadas a la población que cubren los centros de salud, que a partir del próximo lunes serán 14— y que son el único protocolo que desde su activación, el pasado septiembre, no ha demostrado eficacia para frenar los contagios.

“Como recomendación”, ha especificado Ruiz Escudero, que la “participación en grupo para el desarrollo de cualquier actividad privada o pública se limite a seis personas salvo que se trate de convivientes y que en los domicilios las agrupaciones se limite a los convivientes”. El consejero, también en funciones, de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha especificado que, “como recomendaciones”, su incumplimiento no puede conllevar multas.

Ha insistido en que si “la actividad finaliza a las 12 de la noche [la de hostelería] es para que no se concentren en lugares públicos” y ha recordado que “el consumo de alcohol está prohibido en la vía pública desde 2002″. Para ello, López ha anunciado un “plan específico contra botellones” del que no ha dado más detalles que el hecho de contar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el anuncio de una reunión que se mantendrá el lunes entre el PLATERCAM (Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid) junta a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

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El caos al que se enfrentan las autonomías a partir del domingo cuando caiga el paraguas jurídico del estado de alarma no es nuevo. Ya ocurrió entre junio y octubre del pasado año, cuando la primera caída del estado de alarma dejó sin aval las medidas que las comunidades iban adoptando sobre su territorio. Ciudadanos y ejecutivos regionales vivieron esos meses en la disparidad, no solo en cuanto a las restricciones (que decidía cada gobierno autonómico) sino en cuanto a las decisiones judiciales que se iban produciendo sobre esas restricciones: las mismas medidas fueron avaladas por los tribunales en unos territorios y en otros no.

Para que esas diferencias sean las mínimas posibles, el Gobierno central publicó un decreto-ley el miércoles, aprobado el día anterior en el Consejo de Ministros, que otorga al Tribunal Supremo la capacidad para decidir qué derechos fundamentales pueden restringirse. La mayoría de medidas para la contención del virus que están hasta ahora activas, tanto en Madrid como en otras CCAA, están amparadas por el estado de alarma: el toque de queda, la prohibición de reuniones en los domicilios con no convivientes o el perimetraje del territorio son restricciones que chocan con derechos fundamentales, como la libertad de circulación o de reunión.

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La reforma de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa que se acaba de aprobar permite a las autonomías recurrir ante el Tribunal Supremo las peticiones que rechacen los tribunales regionales, con el objetivo de que en pocas semanas el TS haya unificado el criterio de las medidas que podrían conllevar más problemas, exactamente las que están ahora en vigor en la mayoría del territorio. Así, los tribunales superiores de justicia tienen tres días para avalar o rechazar las medidas que propongan los ejecutivos regionales. Si es denegada, el gobierno en cuestión tiene tres días para recurrir ante el Tribunal Supremo, y la decisión final deberá llegar en un plazo máximo de ocho días.

Por el momento, este jueves, el TSJ de Baleares ha sido el primero en dar amparo a las medidas que el gobierno insular quiere mantener activas a partir del domingo: toque de queda de 23.00 a 6.00, límite de seis personas tanto en las reuniones públicas como privadas y solo dos núcleos de convivencia en interiores, controles sanitarios de entrada en las islas y 50% de aforo en los lugares de culto. Otras regiones, como Andalucía, han anunciado ya que a partir del 9 de mayo entrará en una desescalada progresiva en la que se irán relajando horarios y aforos y que avanzará según la vacunación y el nivel de transmisión del virus en tres etapas: hasta el 31 de mayo, del 1 al 30 de junio y la normalización a partir de entonces. Y Canarias, entre otras, confirmó ayer que mantendrá el toque de queda, el control en puertos y aeropuertos y el resto de restricciones que están vigentes en cada isla según el nivel de alerta en el que se encuentren a partir del domingo, previo aval por parte de su tribunal superior de justicia.

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