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Posterior a la caducidad, la defensa del Estado no figura entre las causales de “costas procesales” en el T. de Cuentas

Madrid, 18 años. (noticias europeas) –

La llamada ‘Embajada de Cataluña’ y la Comisión Catalana de Diplomacia Pública serán procesadas en cuanto se presente la denuncia por malversación de fondos públicos para el 1-O, ha anunciado este martes el Tribunal de Cuentas. Conocido como diplomático -todavía en proceso de «sociedad civil catalana, asociación cívica y cultural», fiscal y presunto contable-. Al final, el fiscal nunca apareció.

En una nota de prensa recogida por Europa Press, la Sección II de la Fiscalía General del Tribunal de Cuentas indica que transcurrido el plazo de comparecencia ante el tribunal, no se han registrado más recién llegados. Recordemos que el último decreto sobre el plazo de publicación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de diciembre, por lo que el plazo señalado es el 17 de enero.

Sin embargo, fuentes de vigilancia sugieren que si bien es poco probable que los fiscales presenten cargos, es posible que lo hagan porque, aunque no comparecen formalmente en persona, se les remite tanto al caso como a los fiscales para que puedan comparecer más tarde.

En el instructivo, el siguiente paso del proceso vendrá cuando se asigne a las partes legítimas para presentar una denuncia, tienen 20 días. Bajo este procedimiento, se da el mismo plazo de 20 días al fiscal para presentar también una denuncia si lo estima procedente.

Cortesía del Mariscal de Gand

Se recuerda que en noviembre del año pasado, Margarita Mariscal de Gante, ex asesora contable de la segunda rama de la fiscalía de la Corte, acordó iniciar la fase de persecución por presuntas irregularidades contables y aportar fondos para el pago del pago ilegal de enero. 1 de octubre de 2009. El referéndum y el destino de parte de los fondos destinados a la política exterior de Cataluña entre 2011 y 2017. Los acusados ​​en los dos juicios son los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como ex El vicepresidente Oriol Junqueras y otros altos cargos de la Generalitat.

A lo largo del juicio, los fiscales y el gobierno catalán advirtieron que no avanzarán, primero para comprender la legitimidad de su falta de procesamiento y segundo para creer que no causó daño. Finalmente, tampoco aparece el “Colegio de Abogados Constitucionalistas de Cataluña”.

20 días

Según la ley sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los representantes de los organismos públicos interesados ​​y demás alegaciones disponen de un plazo total de 20 días para interponer demanda tras el pago de la fianza y la cesión de las obras.

Si no se recoge, se entrega simultáneamente a la fiscalía para que la tramite a su discreción. A falta de transmisión, el Tribunal de Cuentas al que se remita el litigio ordenará de oficio la transmisión de los documentos.

Recordemos que el pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas había fijado en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable inicial de 34 exfuncionarios de la Generalitat (entre ellos Mas, Puigdemont y Junqueras) por su presunto desfalco de la denominada “Embajada de Cataluña”. Promedio. y diplomáticos, tal y como establece la ley de liquidación provisional, a la que tiene acceso Europa Press.

En la factura, cada persona solicita cantidades separadas en función de los conceptos específicos que aprueba en sus respectivas funciones, aunque todos deben responder colectiva e individualmente del total previa consulta con la oficina de facturación.

En cuanto a la ley de liquidación de 2020, el Tribunal de Cuentas ha fijado los costes y beneficios del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en 4,1 millones de euros.

Garantía ICF

El pasado mes de septiembre, los fiscales dijeron que no era adecuado publicar un informe sobre las garantías que el Gobierno catalán había presentado al Tribunal de Cuentas para que los acusados ​​del Gobierno anterior pudieran hacer frente a un bono solidario de 5,4 millones de dólares. Afirman que el regulador es conceptualmente responsable de la supuesta malversación de fondos de la ‘Embajada de Cataluña’ y diplomáticos del Gobierno catalán.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia dijo que el informe podría afectar la imparcialidad del tribunal y violar el principio de contradicción e igualdad. A esta conclusión llegó tras examinar una propuesta del fiscal del Tribunal de Cuentas, que también se negó a pronunciarse sobre las garantías dadas por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para saldar la fianza.

El fiscal del Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, señaló entonces que el informe encargado sobre la «adecuación y legalidad» de las garantías amparadas por el ICF podría constituir «un conflicto de interés» porque la asesoría jurídica del Estado tomó esta medida. .

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