En la audiencia que comenzó el lunes, todos los testigos y acusados ​​de los cuatro funcionarios de la Asamblea Provincial de Bizkea se centraron en el síndrome de falsa alienación parental. Irune Costmelo señaló que estaban respondiendo al Asumir la responsabilidad de 2017 por llevarse a su hija. El proceso terminó ayer. Sin embargo, aunque los acusados ​​y los testigos de la defensa han comenzado a utilizar gradualmente términos como “???? instrumentalización”? ? ? ? El niño o la simple “alienación parental” Para describir lo que impulsó a la Diputación a llevarse al niño, la fiscal Rosario Ramírez defendió inequívocamente que se trataba de un estado morboso. Además de asegurar que “existe el síndrome de alienación”, también brindó varias frases citando como ejemplos en su conclusión, “aunque pueda resultar confuso”. ? ? ?

Ramárez no consideró que este llamado síndrome nunca fuera una enfermedad en ningún catálogo de la Organización Mundial de la Salud, y el propio Consejo General de la Judicatura se negó a aceptarlo. La Ley de Protección del Niño, que fue aprobada el mes pasado, no prohibirá su uso como argumento en un litigio, porque redirigirá a la madre las denuncias de abuso aprobadas recientemente, destruyendo así la credibilidad de la madre.

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Varios psicólogos forenses cuestionaron el informe de la psicóloga Beatriz Lafuente, quien formó parte del comité, tomó la decisión de separar a la niña de la madre, y concluyó que el grave riesgo de la niña se debía a la “alienación parental” provocada. ? ? ? En este caso Costumero. “En todo lo descrito en este informe, nada indica que pueda haber cambios como el síndrome de alienación parental”, criticó la psicóloga Dolores Serratt (Dolores Serrat).

Sin aprobación judicial

El 4 de agosto de 2017, la orden distrital firmada y ejecutada por los cuatro imputados era separar a la niña de su madre en una instalación pública. Se encontraban presentes dos policías uniformados con armas. Aunque el juez ordenó la custodia compartida, el comité entregó a la niña al padre sin aprobación judicial. El imputado fue acusado de prevaricación, abuso y daño mental a la madre y la hija. Además de los 15 años de inhabilitación especial para cargos o empleos públicos, también fueron condenados a cinco años, ocho meses y un día de prisión.

Como resultado de estas acciones, Costumero fue privada de la custodia de la niña, y solo se la pudo ver en las reuniones de supervisión del servicio social.

Durante el juicio también se brindó audio, que se dice es el momento en que la niña y la mujer se separaron. â ???? ¡Déjame ir, déjame ir! ¡Amor Amor! ????. Los gritos de la niña continuaron durante varios minutos y toda la habitación estaba llena de dolor. Sin embargo, luego de que la fiscalía y la defensa solicitaran en sus conclusiones declarar nula la grabación y absolver libremente al imputado, la probabilidad de que la grabación fuera admitida como prueba disminuyó.

El audio se escuchó el tercer y último día del juicio. Los gritos de la niña cuestionaron positivamente la versión proporcionada por un oficial que dio órdenes a su madre y a los policías involucrados en el operativo, quienes calificaron estos hechos como separaciones no traumáticas absolutamente normales. El funcionario encargado de atrapar a la niña y llevárselo a su padre me dijo que el primer día, ella se acordó que su mamá y su abuela estaban muy emocionadas al principio, pero solo necesitaba traer una…? ? ? ? ? ? ¿Con el manitas? ? ? ? Y esto es tranquilo entonces. Costumero y su madre se derrumbaron durante el primer juicio, recordando los hechos que creían ocurrieron en el violento incidente.

Pero estas dos versiones muy diferentes se copiaron a lo largo del juicio, así como el informe psicológico y la evaluación del menor, según viniera el perito de un lado o del otro.

La grabación fue cedida por alguien del Centro de Atención a la Infancia de la Diputación, según el propio Costumero, denunciante. El fiscal particular pidió una grabación, pero la respuesta fue que no se la pudo entregar. La fiscalía y la defensa cuestionaron las pruebas. El juez se reservó el derecho a no admitir que la niña, la madre y la abuela se confundieron en unos minutos de gritos, que interrumpieron la transmisión.

El guardia fue franco. “Tengo que creer que la grabación pertenece a esa chica, pero es una prueba de derechos inválida”, está seguro.

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