El Gobierno vuelve a aprobar los decretos de vivienda rechazados por el Congreso
El Gobierno volvió a aprobar en Consejo de Ministros, el 6 de octubre de 2026, dos reales decretos-ley sobre vivienda apenas cuatro días después de que el Congreso derogara los textos anteriores. Los nuevos decretos ya han sido publicados en el BOE, pero su vigencia definitiva sigue pendiente de convalidación o derogación por la Diputación Permanente del Congreso, porque las Cortes están disueltas.
Se trata del Real Decreto-ley 29/2026, centrado en la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 28/2026, orientado a la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Ambos recuperan en gran parte el contenido de los decretos que el Congreso rechazó el 2 de octubre, aunque el Ejecutivo sostiene que la nueva versión incorpora ajustes y refuerzos.
Qué ha aprobado de nuevo el Gobierno
La decisión del Consejo de Ministros vuelve a poner sobre la mesa dos normas que ya habían sido tumbadas en la Cámara baja. El Gobierno insiste en que los textos mantienen “la esencia” de los anteriores, pero con incorporaciones que considera positivas. Esa es, por el momento, la posición oficial trasladada por el presidente Pedro Sánchez tras la reunión del Ejecutivo.
El primero de los decretos aborda medidas relacionadas con la función social de la vivienda y con la ampliación de la oferta de vivienda asequible. El segundo se centra en el marco de los arrendamientos de vivienda habitual y en la estabilidad de los contratos. La publicación en el BOE confirma su aprobación formal, pero no cierra todavía el proceso, porque, al haber sido dictados como reales decretos-ley, deben ser convalidados por el órgano parlamentario competente.
Qué pasó con los decretos anteriores
El 2 de octubre, el Congreso derogó los dos reales decretos-ley que el Gobierno había aprobado el 29 de septiembre. Aquellos textos ya contenían medidas sobre vivienda, alquiler y protección frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad, pero no lograron el respaldo parlamentario necesario para seguir vigentes.
Entre los puntos que figuraban en el debate parlamentario y en la documentación difundida por las instituciones aparecían limitaciones a ciertas adquisiciones de inmuebles por grandes tenedores, medidas de protección frente a desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, refuerzos para los arrendatarios, cambios en la acreditación de gran tenedor y modificaciones fiscales relacionadas con vivienda y alquiler.
La derogación en el Congreso obligó al Gobierno a rehacer su estrategia normativa con rapidez. En lugar de renunciar a las medidas, el Ejecutivo ha optado por aprobar de nuevo dos textos muy similares, con la intención de someterlos otra vez a refrendo parlamentario mientras las Cortes permanecen disueltas. En este contexto, ya analizamos la tensión política generada tras el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda.
Qué cambia en la nueva versión
El Ejecutivo no ha detallado de forma exhaustiva todas las diferencias concretas entre los decretos rechazados y los que ha vuelto a aprobar. Sí ha defendido que los nuevos textos incorporan mejoras y que conservan el núcleo de la propuesta anterior.
La información periodística disponible apunta a que el nuevo decreto relativo a compras por grandes tenedores y fondos buitre introduce condiciones más estrictas y amplía la definición de esos actores, según fuentes del Ministerio de Vivienda citadas por la prensa. Esa afirmación debe leerse como una atribución a esas fuentes, no como una descripción cerrada del articulado completo si no se contrasta norma por norma.
El propio Sánchez afirmó que los decretos “mantienen la esencia” de los que decayeron y que incluyen “incorporaciones muy positivas”. Entre los elementos que el Gobierno destaca figura una línea de financiación de 10.000 millones de euros para préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses destinados a la primera vivienda. Esa referencia forma parte del relato oficial del Ejecutivo sobre el contenido de su propuesta.
El trámite que queda pendiente
La aprobación en Consejo de Ministros no basta para que estas medidas queden definitivamente blindadas. El siguiente paso es la convalidación o derogación por parte de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria mientras las Cortes están disueltas.
Por ahora no hay una votación definitiva y, por tanto, no puede darse por seguro el futuro de los decretos. La posibilidad de que uno de ellos salga adelante dependerá de los apoyos que reúna en ese órgano, algo que todavía está pendiente de confirmación oficial.
La información publicada por la prensa señala que el PNV podría volver a respaldar el decreto principal sobre vivienda, lo que ayudaría a su convalidación. No obstante, se trata de una previsión política y no de una decisión ya materializada. Hasta que no se celebre la votación, el resultado sigue abierto. Sobre esta posibilidad, también publicamos el análisis del plan del Gobierno para recuperar los decretos tras la disolución de las Cortes.
Qué implicaciones tiene para vivienda y alquiler
Si los decretos superan el filtro parlamentario, el Gobierno recuperará el marco normativo que quería aplicar en materia de vivienda, con medidas centradas en la protección de arrendatarios, la actuación sobre grandes tenedores y la respuesta a situaciones de vulnerabilidad residencial. También quedarán activadas las disposiciones vinculadas a la ampliación de la oferta asequible y a la financiación anunciada por el Ejecutivo.
En la práctica, el impacto dependerá del texto definitivo que se mantenga tras la convalidación y de cómo se desplieguen después sus medidas. De momento, lo único confirmado es que el Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo las normas y que ya han sido publicadas en el BOE.
La secuencia de los últimos días deja, además, una imagen clara del pulso político en torno a la vivienda: el Gobierno ha decidido no retirar su propuesta tras el revés parlamentario, sino volver a presentarla casi de inmediato, asumiendo que el desenlace final aún depende de una votación pendiente. Este movimiento también se enmarca en el escenario de incertidumbre que examinamos en el posible adelanto electoral tras la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda.
La posición del Gobierno tras el rechazo parlamentario
La Moncloa presentó la nueva aprobación como una forma de mantener en pie su agenda en vivienda pese a la derrota del 2 de octubre. Sánchez defendió que se trata de una reedición de los decretos con mejoras y sostuvo que las novedades introducidas son favorables.
La estrategia del Ejecutivo busca evitar que la derogación parlamentaria deje vacía su política de vivienda en un momento en el que el acceso al alquiler y la compra sigue siendo uno de los principales debates públicos. Sin embargo, el escenario institucional obliga a una nueva prueba de fuerza: el Gobierno necesita ahora que la Diputación Permanente convalide los decretos para que no vuelvan a decaer.
Hasta que ese paso se produzca, la situación es clara pero provisional: los decretos ya están aprobados por el Consejo de Ministros y publicados en el BOE, pero su continuidad efectiva todavía está pendiente del órgano parlamentario competente.
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