El Gobierno plantea recuperar los decretos de vivienda tras la disolución de las Cortes

El Gobierno prepara una nueva ofensiva legislativa en materia de vivienda tras el rechazo del Congreso, el pasado 3 de octubre de 2026, a los dos reales decretos-ley que había llevado a la Cámara. Con las Cortes ya disueltas y el calendario electoral en marcha, el Ejecutivo estudia volver a aprobar medidas similares para que sean convalidadas por la Diputación Permanente, el órgano que asume esas funciones cuando no está reunido el Pleno.

Según informaciones publicadas por El País y RTVE, el Gobierno trabaja en decretos similares a los tumbados por el Congreso, aunque no necesariamente idénticos, y analiza la fórmula jurídica más adecuada para intentar recuperar el máximo posible de las medidas. La última información disponible apunta a que el Consejo de Ministros prevé aprobar el martes 6 de octubre nuevos textos sobre vivienda, que después pasarían a votación en la Diputación Permanente.

Qué ha pasado y en qué punto está ahora

El Gobierno ya había impulsado medidas urgentes sobre vivienda en el Consejo de Ministros del 29 de septiembre de 2026. La Moncloa presentó entonces el paquete como una respuesta a la emergencia habitacional, y días antes el presidente Pedro Sánchez había anunciado públicamente que elevaría al Ejecutivo un real decreto-ley con actuaciones inmediatas para aliviar la situación del mercado residencial.

Sin embargo, el Congreso rechazó esos decretos el 3 de octubre. A partir de ese voto negativo, y tras el anuncio del adelanto electoral y la disolución de las Cortes, el Ejecutivo ha buscado una vía alternativa para no dar por cerrada su iniciativa. La opción que maneja consiste en aprobar nuevos decretos y someterlos a convalidación por la Diputación Permanente, en lugar de esperar a un Pleno que ya no puede celebrarse en las mismas condiciones institucionales.

Según las informaciones publicadas en los últimos días, la intención del Gobierno no es necesariamente repetir de forma literal el texto derrotado, sino recuperar el máximo posible de las medidas a través de una redacción ajustada al nuevo escenario parlamentario. Fuentes citadas por la prensa hablan de decretos “similares”, aunque no idénticos, mientras el Ejecutivo sigue estudiando cuál es la fórmula jurídica más adecuada.

Por qué la Diputación Permanente se vuelve clave

La disolución de las Cortes cambia de forma relevante el procedimiento parlamentario. Cuando el Congreso y el Senado dejan de estar en funcionamiento ordinario, la convalidación de los reales decretos-ley pasa a depender de la Diputación Permanente, que mantiene su actividad durante ese periodo de interinidad institucional.

Ese detalle no es menor. RTVE ha explicado que la composición de ese órgano podría favorecer la convalidación de un texto similar al que el Gobierno no logró sacar adelante en el Pleno, precisamente porque su equilibrio interno es distinto al de la Cámara en pleno. En la práctica, eso abre una nueva ventana para que el Ejecutivo intente salvar parte de su agenda de vivienda pese al revés parlamentario.

De momento, lo que está confirmado es que el debate ya no se producirá en un Congreso operativo con normalidad, sino en un marco excepcional marcado por la disolución de las Cortes. Esa circunstancia obliga al Gobierno a ajustar tanto la estrategia política como el encaje jurídico de sus medidas.

Qué contenían las medidas impulsadas por el Gobierno

La información oficial difundida por La Moncloa el 29 de septiembre se refería a un paquete de medidas urgentes para favorecer el derecho a la vivienda. El Ejecutivo no ha detallado en la documentación consultada aquí el texto exacto de los nuevos decretos que pretende aprobar, pero sí consta que trabaja en una recuperación, parcial o reformulada, de las iniciativas que acababan de ser rechazadas por el Congreso.

También consta que Sánchez había pedido el 28 de septiembre “altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad” al avanzar que el Gobierno llevaría al Consejo de Ministros un real decreto-ley con actuaciones urgentes. Posteriormente, fuentes gubernamentales citadas por RTVE defendieron el 2 de octubre que el Ejecutivo había trabajado durante meses para acomodar la visión de distintos grupos parlamentarios.

Tras el rechazo, el mensaje público del Gobierno ha sido que no piensa dar marcha atrás. Esa posición refleja la voluntad política de mantener la vivienda como una de las prioridades de la agenda inmediata, pese a la derrota parlamentaria inicial.

Qué significa que el Gobierno quiera aprobar “decretos similares”

La expresión utilizada por las fuentes consultadas por la prensa deja margen para varias posibilidades. El Gobierno puede optar por reproducir gran parte del contenido anterior, introducir cambios técnicos o limitarse a rescatar los puntos con más opciones de prosperar en la Diputación Permanente. Lo que no está confirmado es cuál será exactamente la fórmula elegida ni el alcance final de los textos.

Ese matiz es importante porque evita confundir una intención política con un hecho cerrado. Por ahora no hay una publicación oficial del nuevo decreto ni una versión definitiva de su articulado. Sí existe, en cambio, una decisión de fondo: el Ejecutivo quiere seguir adelante con medidas de vivienda a pesar del rechazo del Congreso y de la disolución de las Cortes.

En términos prácticos, el movimiento busca minimizar el coste de la derrota parlamentaria y mantener viva la iniciativa legislativa en un momento en el que el Gobierno dispone de menos margen de maniobra institucional. Si la estrategia prospera, al menos parte de las medidas podrían regresar al circuito parlamentario extraordinario de la Diputación Permanente.

El contexto político del rechazo parlamentario

El choque llega en un momento en el que la vivienda se había convertido en uno de los asuntos más sensibles de la agenda pública. El Gobierno había presentado sus medidas como una respuesta urgente a la situación de acceso a la vivienda, pero el Congreso no las respaldó en la votación del 3 de octubre.

Desde entonces, la atención se ha desplazado hacia la capacidad del Ejecutivo para rehacer su propuesta y buscar una nueva vía de validación. La disolución de las Cortes, anunciada después del rechazo, ha abierto una vía procedimental que el Gobierno quiere aprovechar antes de que el escenario político cambie por completo tras las elecciones.

La secuencia es clara: primero se aprueban medidas en Consejo de Ministros, después el Congreso las rechaza y, finalmente, el Ejecutivo intenta reactivarlas con otro formato aprovechando que la actividad parlamentaria ordinaria ha quedado interrumpida. Todo ello confirma que la vivienda sigue siendo un frente político prioritario para el Gobierno, pero también uno de los más expuestos a la negociación institucional y al desgaste parlamentario.

Lo que se espera en las próximas horas

La última información localizada apunta a que el Consejo de Ministros aprobaría el martes 6 de octubre nuevos decretos sobre vivienda. Después, esos textos tendrían que ser sometidos a la Diputación Permanente, que sería la encargada de decidir sobre su convalidación en este contexto excepcional.

Ese paso todavía no se ha producido, por lo que el desenlace sigue abierto. Lo confirmado hasta ahora es que el Gobierno mantiene la intención de recuperar sus medidas de vivienda y que la fórmula elegida pasa por adaptarlas al nuevo escenario institucional creado tras la disolución de las Cortes.

La próxima decisión será, por tanto, clave para saber si el Ejecutivo logra reactivar por esa vía una parte sustancial de su plan o si el rechazo parlamentario del 3 de octubre se mantiene como un bloqueo efectivo a su propuesta original.