El Congreso tumba los decretos de vivienda de Pedro Sánchez en una votación clave

El Congreso tumba los decretos de vivienda de Pedro Sánchez en una votación clave

El Congreso de los Diputados rechazó este 2 de octubre de 2026 la convalidación de los dos reales decretos-ley sobre vivienda aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez apenas tres días antes. La derrota parlamentaria impide que ambas normas sigan adelante tal y como fueron planteadas por el Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión política por el acceso a la vivienda y de negociaciones complicadas con varios grupos de la Cámara.

Los decretos que se sometieron a votación eran el Real Decreto-ley 26/2026, centrado en la protección de la función social de la vivienda y en la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y el Real Decreto-ley 27/2026, orientado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Ambos llegaron al Pleno para su convalidación después de haber sido aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre.

Qué decidió exactamente el Congreso

La Cámara Baja votó en contra de la convalidación de los dos decretos, lo que supone que no quedaron aprobados en su trámite parlamentario. El resultado fue interpretado como un revés político importante para el Gobierno, que había defendido estas medidas como una respuesta urgente a la crisis de acceso a la vivienda.

Según la información difundida por las agencias de noticias y el material parlamentario de la sesión, apoyaron los decretos PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís, BNG y CC, mientras que PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC votaron en contra del texto sobre vivienda. El rechazo se produjo durante el Pleno del 2 de octubre, en el que el Congreso debatió de forma conjunta la convalidación o derogación de ambas normas.

En las fuentes abiertas consultadas no aparece un desglose oficial completo de la votación en el momento de redactar esta información, pero sí queda confirmado que el resultado final fue desfavorable para el Gobierno y que los decretos no salieron adelante.

Qué contenían los decretos de vivienda

La propia nota de prensa del Congreso recogía algunas de las medidas incluidas en el paquete del Ejecutivo. Entre ellas figuraban:

• limitaciones temporales a determinadas adquisiciones de vivienda;
• suspensión temporal de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional;
• refuerzo de la protección de los inquilinos;
• regulación de la acreditación de gran tenedor;
• medidas fiscales y tributarias vinculadas a la política de vivienda.

El Gobierno defendió estos textos como medidas urgentes para intervenir en un mercado tensionado, aunque sus críticos cuestionaron tanto el contenido como la forma elegida para tramitarlo. Esa discusión política fue uno de los ejes del debate parlamentario.

Un debate marcado por la presión sobre la vivienda

La votación llegó en un momento especialmente sensible por la crisis de acceso a la vivienda, uno de los principales problemas sociales y económicos del país. La sesión plenaria incluyó la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y del ministro Pablo Bustinduy, además de las intervenciones de distintos grupos parlamentarios.

Las crónicas de agencia sitúan además el rechazo en un clima de malestar social más amplio por la escalada del precio del alquiler, la falta de oferta asequible y la conflictividad alrededor de algunos desahucios. Entre ese contexto aparecía, según AP y Reuters, la protesta posterior al desahucio de una mujer de 87 años, un episodio que ayudó a reforzar la presión pública sobre el debate de la vivienda. Ese marco ayuda a entender la relevancia política de la votación, aunque no forma parte del resultado jurídico de la sesión.

Las posiciones de los partidos

La discusión en el Congreso reflejó la división habitual en torno a la política de vivienda. Pedro Sánchez pidió a la Cámara que fuera “coherente” y respaldara los decretos, una apelación que fue recogida por EFE como declaración atribuida al presidente. El Gobierno trató de presentar las medidas como necesarias y urgentes para proteger a los inquilinos y ampliar la oferta asequible.

En el bloque de la oposición, Alberto Núñez Feijóo acusó al Ejecutivo de usar la vivienda para “maniobras electorales”, según la cobertura de agencia. Junts también mostró su rechazo al contenido de las medidas, mientras que Podemos e Irene Montero cuestionaron el diseño del paquete y llegaron a calificar la división en dos decretos de “trampa” o de simple parche, en palabras atribuidas por EFE a sus portavoces. Se trata de valoraciones políticas, no de hechos objetivos sobre la votación.

El resultado final evidenció que el Gobierno no logró reunir una mayoría suficiente para sacar adelante una de sus principales apuestas en materia social. La suma de apoyos del bloque de investidura no bastó para compensar los votos en contra de varios socios parlamentarios y de la oposición.

Por qué este rechazo es relevante

La derrota en el Congreso tiene importancia por dos razones. La primera es práctica: al no ser convalidados, los decretos no quedan aprobados en los términos en que los aprobó el Consejo de Ministros. La segunda es política: el fracaso muestra las dificultades del Gobierno para articular una mayoría estable en una materia especialmente sensible y con un alto coste social y mediático.

La vivienda se ha convertido en uno de los campos de mayor fricción entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios, con posiciones muy distintas sobre la intervención pública, la regulación del mercado del alquiler y la protección de los inquilinos. Esta votación volvió a dejar al descubierto esas diferencias.

Además, el episodio introduce una nueva capa de presión sobre la agenda del Gobierno. Algunos análisis periodísticos apuntaron a que una derrota de este calibre podría complicar aún más la relación con los socios y abrir especulaciones sobre el rumbo político de la legislatura. Sin embargo, eso entra ya en el terreno de la previsión y no de una decisión adoptada por el Ejecutivo.

Qué pasa ahora

Lo confirmado hasta el momento es que los dos decretos de vivienda fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre de 2026 y no quedaron convalidados. A partir de ahí, el Gobierno tendrá que decidir si reformula sus medidas, busca nuevos apoyos parlamentarios o plantea una estrategia distinta para su política de vivienda.

Por ahora no consta en las fuentes consultadas una decisión oficial posterior que cambie ese estado de cosas. Lo que sí queda claro es que el intento del Ejecutivo de acelerar su agenda en vivienda se encontró con un muro parlamentario en una votación que había sido señalada desde días antes como especialmente delicada.

En un momento en el que el acceso a la vivienda sigue entre las principales preocupaciones ciudadanas, el rechazo de estos decretos no solo supone un revés legislativo, sino también una señal de las dificultades del Gobierno para convertir sus anuncios en medidas efectivas con respaldo suficiente en el Congreso.

Para quienes siguen de cerca el mercado residencial, también puede resultar útil consultar qué debo considerar al comprar una vivienda y cómo gestionar el alquiler de una vivienda de forma eficiente, dos guías que ayudan a contextualizar el debate sobre acceso, compra y arrendamiento.